El informe fue encargado por el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la ONU. El informe destaca lo siguiente:

"Virtualmente todas las industrias y sectores están relacionados con desechos peligrosos. El concepto de diligencia debida requiere algo más que cumplir las leyes existentes. Las empresas que suministran y utilizan sustancias peligrosas tienen una responsabilidad compartida de comunicar información para determinar los riesgos y prevenir los daños…[d]e manera general, pero especialmente en el caso de los niños, las comunidades locales en zonas de riesgo elevado y otros que corren el riesgo de sufrir efectos desproporcionados…[L]as empresas de[ben] de asegurar que sus productos no causen o contribuyan a violaciones de los derechos humanos debido a las sustancias peligrosas, tanto en el propio país como en el extranjero.

El informe parte de la premisa que la mala gestión de las sustancias y los desechos peligrosos y la exposición a ellos pueden tener efectos profundos en todos los derechos humanos. Además, destaca que la información es crucial para prevenir las violaciones de los derechos humanos resultantes de la exposición a las sustancias y los desechos peligrosos; no obstante, esa información crucial sobre las sustancias y los desechos peligrosos es a menudo inexistente o inaccesible.

El presente informe se centra en las implicaciones para los derechos humanos de la información a lo largo de todo el ciclo de vida de las sustancias y los desechos peligrosos. Se refiere a los tipos de información que se necesitan para comprender mejor esas sustancias, con objeto de prevenir y mitigar su efecto en la realización de los derechos humanos. Además, se propone señalar los desafíos y los obstáculos que se levantan a la realización del derecho a la información en este contexto.