Acuerdo sectorial de transparencia
Las empresas del sector fabricantes de tuberías para infraestructura de agua potable y desagües, junto a la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, y con el apoyo de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional y la Fundación Avina, suscribieron recientemente una Declaración de Adhesión de “Principios Empresariales para la Transparencia”. Las empresas firmantes se comprometen a la adopción y fomento de prácticas efectivas para contrarrestar el soborno, la corrupción y todo comportamiento de competencia desleal. Asimismo, promueven la confianza y la credibilidad por parte de sus clientes y demás grupos de interés, garantizan la sustentabilidad del negocio, fomentan la responsabilidad social en su actividad empresarial y el respeto a la ley.
Las empresas que suscribieron el acuerdo son Amanco Argentina S.A., Amitech S.A., Krah América Latina S.A., Nicoll, Eterplast S.A., Petroplast S.A., Saint Gobain S.A., Steel Plastic S.A., Tigre Argentina S.A., y Tuboloc SA. Juntas son el 80% de las empresas que se dedican al mercado de tuberías para infraestructura de agua potable y desagües en Argentina.
Las empresas se comprometen a establecer una política de especificaciones que puedan resultar de utilidad para la elaboración de pliegos en las licitaciones públicas y privadas que abarque los temas de precios, calidad y conductas anti – monopólicas de marcas en los procesos licitatorios.
Se les prohíbe a las empresas ofrecer y/o aceptar propuestas en dinero o especie para la venta y compra de productos. A su vez, se prohíben los sobornos directos e indirectos y los pagos de facilitación.
Las contribuciones caritativas y los patrocinios serán transparentes y se registrarán con precisión en la contabilidad de cada empresa. Los patrocinios en dinero y/o especie están prohibidos para empresas clientes, proveedores y distribuidoras, cuando con ellos se constituye un subterfugio para sobornar.
En este acuerdo, además, las empresas se comprometen a no financiar campañas políticas y a no contratar a funcionarios públicos cuando exista conflicto de interés.
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