Según una Disposición General publicada en el Boletín Oficial el último día de 2011, se suprime la anterior Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas y se crea una nueva con un nombre muy similar denominada Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. "La responsabilidad social de las empresas se hace aún más necesaria en el actual contexto y es vocación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el diseñar y aplicar nuevas medidas tendentes a promover la RSE de todas las empresas, también de las pequeñas y medianas", explica la Disposición.

También indica que a cargo de la Dirección podría estar una figura con fuerte presencia política "dado que las competencias que residen en la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas no tienen especial conexión con las funciones desempeñadas habitualmente por funcionarios, y ante la alta carga política de las competencias de dicha Dirección General, se considera conveniente que quede excepcionada de la norma general que obliga a su designación entre funcionarios, al objeto de otorgarle una mayor visibilidad a sus políticas y una mejor conexión con la Sociedad".

Miguel Angel García Martín nació en Madrid y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Además ha cursado estudios de Sociología en la UNED. Desde septiembre de 2008 hasta la actualidad ha sido director general de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid y miembro de la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con anterioridad fue director del Gabinete de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

¿Qué pasará con el Consejo Estatal de RSE?

Una fuente de la sociedad civil expresó en diálogo con ComunicaRSE que “el CERSE continuará. Tiene un mandato que cumplir derivado de la Ley de Economía Sostenible. No obstante posiblemente cambie de ubicación, deje de pertenecer a Trabajo  para situarse en Economía o Presidencia. Hasta ahora no se sabe bien”.

Desde el sector sindical sostienen que  “aparentemente en el Partido Popular no tienen mucho interés por la RSE. Pero  la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) acaba de reafirmar su interés en que el CERSE continúe. Nosotros desde la secretaría sindical responsable de Pensiones seguiremos apostando por la Inversión Socialmente Responsable”.

Desde sectores empresarios se han hecho gestiones con “altisimos cargos del PP para que mantengan el CERSE y las politicas de fomento de la RSE” y advierten que “hay que esperar”.

La agrupación Izquierda Unida ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy políticas eficaces de sostenibilidad social y ambiental. Así lo reclamó Adolfo Barrena, Coordinador General de IU Aragón y  responsable Federal de Agua, Energía, Transportes y Sostenibilidad de IU. “Es una mala noticia para la sostenibilidad social y ambiental el nombramiento de Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”, señaló Barrena. Izquierda Unida siempre ha reclamado un Ministerio específico de Medio Ambiente.

Si bien en su plataforma electoral el PP prometía promover  “las alianzas público-privadas, llamar a la colaboración entre particulares, y animar a la responsabilidad social corporativa de las empresas” y propone “un marco legal que permita la aportación de recursos particulares a la cooperación al desarrollo”,  algunas fuentes cercanas al proceso de transición entre el PSOE y el PP manifestaron no haber visto mucho interés de parte del  nuevo Gobierno en los asuntos vinculados con RSE. 

En otras secciones de su programa político el PP asume el compromiso de aprobar un plan integral de apoyo a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de hombres y mujeres, incentivos fiscales para aquellas empresas que creen guarderías y  la flexibilización de los horarios en el trabajo y en los centros escolares, así como medidas de promoción del teletrabajo y  ampliar el permiso de paternidad.