El concepto de responsabilidad social empresaria (RSE) tiene amplio desarrollo en otros países pero escasa difusión en la Argentina, donde prácticamente no hay legislación específica.
Así lo señaló el concejal Daniel Pardo, quien presentó la iniciativa destinada a crear un certificado municipal de responsabilidad social y ambiental para que sirva como estímulo a las empresas locales dispuestas a "rediseñar su vínculo con la sociedad".

El proyecto prevé la elaboración de un índice que será auditado y verificado por la subsecretaría de Desarrollo Económico del municipio, para lo cual podrá "contratar entidades externas" con especialización en el rubro. En caso de que la ordenanza resulte aprobada, las empresas interesadas en obtener el certificado de RSA deberán inscribirse cada año en forma voluntaria y serán evaluadas en función de distintos indicadores que van desde la cantidad de quejas de los consumidores sobre el producto o servicio prestado a la "transparencia de la información económico financiera" que brinde la empresa.

También sumarán puntos en función del porcentaje de personal sindicalizado, el promedio de horas de capacitación que desarrolle, el empleo de mano de obra local, el porcentaje de mujeres empleadas y los puestos que reserve a personas con discapacidad.

Otros ítems que serán valorados son los aportes que realice la empresa a organizaciones sociales y culturales, la promoción de los derechos humanos, el buen uso de la energía, el porcentaje de reutilización de agua y el destino de sus desechos. No podrán aspirar a ningún beneficio las empresas que mantengan deudas con el municipio.
El proyecto del PPR señala que existe una necesidad de "compensar los desequilibrios generados por un paradigma socio económico con fuerte penetración en la cultura argentina, en donde el Estado perdió fortaleza".

(Río Negro)