Otro punto que, a juicio de los legisladores necesita ser resuelto en esta legislación es el estatuto jurídico de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ya que no puede seguir siendo una entidad de derecho privado sino un servicio público con mayores facultades.

Los senadores Soledad Alvear, Pablo Longueira, Hernán Larraín y José Antonio Gómez se mostraron partidarios de introducir en el proyecto la creación de tribunales especializados, porque las infracciones de la nueva institucionalidad no deberían quedar en manos de la justicia ordinaria ya que los juicios son de larga resolución y se requieren decisiones rápidas en materia medioambiental.

El senador Longueira, quien además preside la Comisión especializada añadió que también está pendiente la conformación de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente que "no alcanzaron el quórum correspondiente en la Cámara de Diputados". Mencionó que el Ejecutivo propone una Corema más técnica y por eso se excluye a los consejeros regionales y gobernadores.

La senadora Alvear sugirió además incorporar en esta iniciativa una moción que presentó para evitar que se burlen las medidas de mitigación como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los terrenos de extracción de áridos en Buín que se transformaron en parque y luego las autoridades municipales pusieron en venta y se presentó una empresa productora de químicos.

En tanto, los senadores Antonio Horvath y Nelson Ávila, si bien respaldaron la iniciativa advirtieron que el artículo transitorio que deja pendiente la situación jurídica de la CONAF debería quedar resuelto en esta legislación. Hicieron un llamado al Ejecutivo para "no deje al margen a este organismo que forma parte esencial en la protección de las áreas silvestres tanto públicas como privadas, así como la idea de crear un sistema nacional de parques".

Por su parte, los senadores Guido Girardi y Carlos Ominami se mostraron especialmente críticos con la institucionalidad ambiental propuesta. El senador Girardi justificó su abstención diciendo que era "solo un maquillaje más" porque no resuelve los actuales vacíos de la legislación ambiental que han dado lugar a "numerosos fraudes ambientales"  ni tampoco garantiza "la necesaria independencia que deben tener los informes técnicos sobre los distintos proyectos".

A su vez, el senador Ominami recordó la polémica surgida con el proyecto de la termoeléctrica Campiche y afirmó que "yo quisiera que tuviéramos una institucionalidad ambiental que sea igual de sólida y respetada que la que tiene por ejemplo el Banco Central. En ese sentido, siento que este proyecto todavía está lejos de cumplir con esas exigencias".

En la misma línea, los senadores Carlos Cantero y José Antonio Gómez también justificaron su abstención porque consideraron que es fundamental que "se despoliticen las decisiones y acciones en torno a materias medioambientales, ya que el sistema de evaluación de impacto ambiental debe tener un carácter eminentemente técnico y alejado de afanes políticos y de sus presiones".

A su turno, el senador Gómez recalcó que se requiere analizar estos temas "con mayor profundidad" y lamentó que el Gobierno le haya otorgado a un proyecto de estas características una calificación de discusión inmediata, es decir, de tres días para ser analizado por cada rama legislativa.

Por su parte, los senadores Andrés Allamand y Camilo Escalona calificaron de "incomprensible" que algunos de sus pares se abstengan en un proyecto que "frente a lo que existe es un avance". El senador Allamand precisó que "me llama la atención la simpleza de algunos argumentos que  establecen una dicotomía entre las decisiones políticas y técnicas porque no hay verdades absolutas". El senador Escalona aseveró que "no se puede estar bien con Dios y con el diablo" aludiendo a quienes quieren estar "en buena con los ambientalistas".

Los senadores Roberto Muñoz Barra, Juan Pablo Letelier expresaron su preocupación porque el proyecto tiene vacíos en materia de asegurar la participación ciudadana en la calificación de los proyectos que afecten el medio ambiente.
El senador Letelier consideró "incompleta" en varios aspectos la institucionalidad propuesta y precisó que "mucho se habla de participación ciudadana pero no se señala si debe ser vinculantes o no, además hay un debate pendiente sobre la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales respecto a cómo zonifican sus territorios, ya que eso permitirían evitar conflictos entre las diversas actividades humanas"

En tanto, el senador Muñoz Barra indicó que "todos sabemos la presión que existe sobre nuestros recursos naturales y por eso considero que debe haber un balance", en esa línea dijo que "una participación ciudadana real y efectiva es clave para la democracia".

A su turno, el senador Hosaín Sabag recordó que este proyecto recoge las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en materia medioambiental. "Las situaciones de inequidad son rechazadas por esa organización y, en ese sentido, se señala por ejemplo que la contaminación tiene mayor incidencia en los sectores más desposeídos".

El senador Jaime Gazmuri, valoró la iniciativa y precisó que se debe "establecer un equilibrio entre fortaleza del sistema público orientado a defender la sustentabilidad del desarrollo, la naturaleza y la política del Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, advirtió que ve con preocupación que haya una "tendencia a establecer una organización supra gubernamental del medio ambiente al estilo del Banco Central".

Los senadores Mariano Ruiz Esquide y Adolfo Zaldívar pusieron énfasis en la necesidad de evitar el crecimiento desmesurado de las grandes ciudades y coincidieron en que para ello se requiere de un proceso de regionalización que estimule el desarrollo equitativo del país, evitando así los problemas de contaminación de las áreas saturadas.
El senador Ruiz-Esquide se mostró partidario del uso racional del suelo chileno y pidió un "enfoque estratégico para quienes trabajan en el tema". En tanto, el senador Zaldívar señaló que para ello "no es suficiente la creación del Ministerio de Medio Ambiente sino que se requiere de una regionalización que permita a la gente desarrollarse en regiones".

Finalmente, la ministra Ana Lya Uriarte defendió la necesaria aprobación de este proyecto que crea una nueva institucionalidad medioambiental ya que "si bien pude ser perfectible, por las mismas razones expuestas por los senadores se justifica a todas luces". Además se comprometió a acoger todas y cada una de las inquietudes de los parlamentarios para consensuar un texto legal coherente para el sector.