En 2001, un grupo de empresarios y vecinos de la zona interpusieron una demanda contra la compañía que ha tenido que sortear todo tipo de retrasos, ya que el caso ha pasado por las manos de tres jueces y la petrolera ha interpuesto casi treinta recursos cautelares durante el juicio, según recoge el diario digital Periodismo Humano.

Según el periódico nigeriano The Guardian, los demandantes pedían una compensación por los daños causados por la pérdida del bosque, lo que perjudicó también a la caza y a la pesca y a las fuentes de abastecimiento de agua, además de aumentar el riesgo a contraer enfermedades, y por el componente psicológico y el retraso de la solución.

El juez Ibrahim Buba ha aceptado estas peticiones, concluyendo que el delito de Shell ha afectado gravemente a la población, "que ha sido privada del derecho a la subsistencia, la educación y la vida en buenas condiciones".
La Asociación Nigeriana de Escritores por los Derechos Humanos (Huriwa) ha declarado su satisfacción por la sentencia dictada, aunque lamenta que no aparezcan en ella los mecanismos de control que se hayan fijado de cara a la ejecución de la misma por parte de Shell.

La Huriwa señala también que "mientras en Estados Unidos, el Gobierno ha tomado la decisión inmediata de reclamar a BP 20 millones de euros para compensar a los afectados por su vertido en el Golfo de México, en el caso del Delta las multinacionales han estado operando con impunidad y sin respuesta del Gobierno", lamentando que la cifra a pagar por parte de Shell, 82 millones de euros, sea tan pequeña en comparación con la que se pagará en EEUU.
Shell y sus filiales en Nigeria han anunciado que recurrirán la sentencia, alegando que el vertido "se produjo en plena guerra civil" y que fueron tropas de combate las que provocaron la fuga. "Nosotros no operábamos en la zona durante ese tiempo por culpa de la guerra civil. Shell seguirá operando de forma respetuosa con el medio ambiente".
(FACUA)