Infracciones como la emisión a la atmósfera de sustancias ilegales, los vertidos en la tierra o en el agua, el transporte o comercio ilícito de desechos o traficar con especies en vías de extinción son algunas de las conductas que el Ejecutivo comunitario pretende penalizar de forma que no haya en la Unión Europea refugio para los delincuentes medioambientales.
Bruselas justifica la medida argumentando que este tipo de infracciones pueden tener efectos devastadores tanto en el Medio Ambiente como en la salud humana y que impiden una aplicación efectiva de la legislación comunitaria en este área. Por ello, se apuesta por tener ciertas garantías de que este tipo de actuaciones son objeto de sanciones eficaces y, cuando se trate de casos serios, de sanciones penales.

La Directiva cubrirá todo un listado de delitos que van desde el tratamiento, transporte, exportación e importación de desechos ilegales, incluidos los desechos peligrosos, hasta el comercio de sustancias que reducen la capa de ozono pasando por la elaboración, uso y almacenamiento de sustancias peligrosas. En todo caso se tendrá en cuenta el grado de daño que puede causar tanto en las personas como en el medio ambiente.
Por ejemplo, el vertido ilegal de sustancias peligrosas en el agua podría estar cubierto por la propuesta de Bruselas si causa la muerte o lesiones en las personas o daños importantes en el medio ambiente. De la misma forma que el traslado ilegal de vertidos procedentes de la Unión Europea pero en este caso sólo si se trata de una gran cantidad o si hay una clara intención de obtener beneficios. También prevé castigar la exportación ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono a países en vías de desarrollo.

DELITOS GRAVES EN AGOSTO
La propuesta que harán mañana el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, y el responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, recibió un fuerte impulso después de que el pasado mes de agosto de 2006 el buque 'Probo Koala' vertiera en las aguas de la Costa de Marfil más de 500 toneladas de residuos tóxicos que luego fueron trasladados de ciudad en ciudad.

A consecuencia de ello fallecieron más de diez personas y cientos de marfileños sufrieron afecciones respiratorias, nauseas, vómitos, vértigo, quemaduras e irritaciones provocadas por la carga contaminada del buque.
Además de este caso, que habría sido un claro ejemplo de delito cubierto por la normativa que se quiere impulsar, la Comisión ha detectado una gran disparidad en los Estados miembros a la hora de definir lo que se considera delito medio ambiental y cree que en muchos países de la Unión Europea el nivel de las sanciones es claramente insuficiente.

El objetivo de la propuesta es, por tanto, garantizar un mínimo nivel de protección del Medio Ambiente en el conjunto de la Unión Europa a través de la legislación penal. Así pues, la Directiva permitirá que casos delictivos idénticos tengan igual tratamiento penal independientemente del país europeo de que se trate.
En todo caso, no se quiere "armonizar" las leyes nacionales en materia penal, sino más bien garantizar la aplicación efectiva de la política medioambiental. Una vez presentada la propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo deberán dar su visto bueno a la misma.

(Europa Press)