El gerente de Seguridad Industrial y Asuntos Provinciales de la empresa, Jorge Montaldi, reconoció que la empresa Minera Alumbrera está dando cumplimiento a los acuerdos sellados con el Gobierno y la sociedad.
El funcionario fundamentó sus dichos en primer lugar en los controles y pruebas que la empresa realiza a diario desde 1997, en forma ininterrumpida con resultados satisfactorios. "Nosotros hacemos nuestros propios estudios, al tiempo que también se concretan los externos. Para el primero de los casos disponemos de un laboratorio de altísima complejidad en la planta de Tucumán, más precisamente en Cruz del Norte en Ranchillos. 

Con capitales suizos y canadienses Minera Alumbrera tiene sellados acuerdos con el gobierno de la provincia, los que datan de 2001, como consecuencia de la tala de árboles que tuvo que realizar en Tafí del Valle para la instalación del mineraloducto.
En esa oportunidad se convino la construcción de tres plantas de tratamiento de residuos sólidos, de las cuales una está concluida en El Mollar, con una inversión de 900 mil pesos. Las dos restantes no llegaron a ser ejecutadas en razón de los trámites burocráticos ajenos a la empresa, según dijo Montaldi.
El acuerdo surgió como parte del convenio del compromiso de responsabilidad social empresaria y de apoyo a la comunidad que encara la minera. En virtud de ello existen en este momento 4 millones de pesos, originariamente destinados a las dos plantas de tratamiento de residuos, que se integrarán a un fideicomiso para que el Gobierno provincial los utilice en la realización de obras en beneficio de la sociedad en los ámbitos de salud, educación y promoción turística.
Otro de los compromisos de la empresa minera es la aplicación de 11 millones de pesos en tres años, también por un fideicomiso, para beneficiar a las comunidades de Tucumán y Catamarca, premisas que están siendo aplicadas desde la instalación misma del emprendimiento minero.
Según la visión de la compañía los aportes que Minera Alumbrera viene realizando desde su instalación en Catamarca han evidenciado notorios beneficios para las localidades cercanas. En tal sentido es dable recordar que la empresa ofreció a Tafí del Valle integrarse a la red de alta tensión, de modo que dejen de funcionar los generadores de energía que están activos en estos momentos en esa ciudad turística de los valles.

Por su parte, organizaciones ambientalistas del interior provincial coincidieron en pronunciarse en contra de cualquier acuerdo resarcitorio entre el Gobierno y la Minera Alumbrera, por presuntos daños al ecosistema, que no sea previamente consultado con las comunidades supuestamente damnificadas.
“Si permitimos que nos sigan contaminando empresas a las que sólo les interesa lo económico, es probable que asistamos a la extinción biológica en nuestra provincia”, advirtió Marcos Pastrana, de la organización de los Valles. “El Estado debe recuperar su rol de protector de los intereses de la comunidad, de la vida, de nuestro futuro”, dijo. “Lamento que la UNT y sus profesionales no hayan asumido un compromiso firme frente a los avasallamientos que sufre nuestro ecosistema”, agregó. Según Ramón Arias, de Copeco, “en el interior hay muchas víctimas ocultas de las contaminaciones de la minera, producidas, en algunos casos, por roturas en el mineralducto. Los perjuicios al ambiente no se superan con indemnizaciones”.

En la legislatura provincial también hay voces que se oponen. “La empresa, que está denunciada por evasión impositiva y por contrabando, pretende descalificar a nuestros fiscales federales y minimizar su calidad de imputada en los peritajes y la actuación de Gendarmería nacional –afirmó el legislador opositor Alejandro Sangenis -. Lo mismo quieren hacer respecto de las consecuencias de sucesivos accidentes ocurridos en el emprendimiento minero, que comprometen no sólo el medio ambiente sino también la salud de la población”.
La empresa Minera Alumbrera Limitada reiteró que no contamina el medio ambiente y, por ende, los $ 22 millones que se comprometió a desembolsar forman parte de su política de compromiso con la comunidad.
“Como una ampliación de nuestro compromiso de responsabilidad social empresaria, ya llegamos a un acuerdo con la Provincia y, como lo dijo el gobernador José Alperovich el 6 de enero, está concluido y a punto de ejecutarse”. Esto es lo que aseguró a LA GACETA Julián Rooney, presidente de la compañía que explota el yacimiento de Bajo La Alumbrera (Catamarca).
La Empresa también niega haber transgredido disposiciones aduaneras a la hora de sacar minerales del país, como afirma el fiscal federal número uno de la ciudad de Rosario (Santa Fe), Ricardo Moisés Vásquez. Este promovió una investigación por la presunción de que se habría sustraído mercadería al control correspondiente. La acción alcanza también a ex directores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); por ejemplo, a Gustavo Parino y a Carlos Silvani.
(La Gaceta, El Siglo y Otros)