Opiniones divergentes respecto del proyecto (boletín 7274) del Ejecutivo que autoriza la venta de medicamentos que tengan la condición de venta directa en establecimientos comerciales, como supermercados y almacenes, expresaron ante los diputados de la Comisión de Economía de la Cámara los representantes de la Cámara de Laboratorios Farmacéuticos de Medicamentos de Venta Directa (CAMEVED) y de la Federación de Trabajadores de Farmacias (FENATRAFAR).

Según planteó Jorge Véliz, presidente de CAMEVED (Asociación Gremial que reúne a las compañías farmacéuticas chilenas y extranjeras dedicadas a la fabricación y comercialización de este tipo de remedios), los medicamentos de venta directa (MVD) “están pensados para que el interesado se informe y decida libremente lo que más le conviene a su salud y a su presupuesto”.

“Los chilenos, para este tipo de productos, no necesitamos que un tercero interesado haga de mediador en este proceso”, enfatizó en su presentación.

Entre los beneficios sanitarios, señaló que permiten el alivio directo de problemas leves de salud y se constituyen en la primera línea de solución, antes de acudir a consultorios u hospitales, permitiendo que los recursos se destinen a problemas de mayor complejidad.

En materia económica, sostuvo que habrá una disminución entre un 15% a 20% de los precios de los MVD, al estar en góndolas; mayores posibilidades de elección; y un aumento considerable de oferentes, que competirían por calidad y precio.

En contraposición, Mauricio Acevedo, presidente de la FENATRAFAR, afirmó que la propuesta beneficiaría a las grandes cadenas de supermercados, farmacias y laboratorios; al gobierno de turno (medida populista); a las agencias de promotoras y a los delincuentes que venden medicamentos en ferias libres, que verán facilitado su acceso.

Además, indicó que no beneficiará al decil más pobre de la población (aumento de costos por modificaciones en envases, instalación de estanterías, etc.); ni a los trabajadores de farmacias, que podrían perder su fuente laboral; ni a las pequeñas farmacias independientes; ni al sistema sanitario farmacéutico, favoreciendo, por ejemplo, la automedicación. Como propuesta, plantearon la posibilidad que se entregue capacitación a los auxiliares de farmacias; se cree un organismo de capacitación para el ejercicio de la actividad, reconocido por el MINSAL (Ministerio de Salud) y el SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo); hacer más eficiente la entrega de medicamentos en consultorios y hospitales; y aumentar la fiscalización.