En la demanda colectiva, a la que tuvo acceso Efe, se formulan 16 cargos contra la multinacional agroalimentaria, a la que consideran cómplice en los casos de asesinatos, torturas, terrorismo y violaciones a los derechos humanos cometidos por la organización paramilitar Autodefenserias Unidas de Colombia (AUC).
'En Colombia no se exige responsabilidad a los cómplices económicos de los paramilitares. Existe una total impunidad. Por eso hemos presentado la demanda en EEUU, donde sí existe el concepto de responsabilidad legal', dijo en conferencia telefónica Arturo Carrillo, del Colombian Institute of Internatonal Law, una de las entidades demandantes.

Junto a este instituto, firman la demanda la organización Earth Rigt Internacional (ERI), en representación de varias familias colombianas víctimas de los abusos de AUC, y dos bufetes estadounidenses muy activos en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos por parte de multinacionales, Judith Brown Chomsky y Schonbrun, Desimone, Seplow, Harris & Hoffman.
A través de esta demanda colectiva, las organizaciones acusan a Chiquita Brand de 'financiar y armar a conocidas organizaciones terroristas en Colombia con el objeto de mantener su control provechoso sobre las regiones bananera del país'.
Ello presuntamente ocurrió desde mediados de los años 90 hasta 2004, cuando comenzó el proceso de desmovilización de paramilitares en el país y muchos de los antiguos líderes de esas organizaciones armadas comenzaron a desvelar a la Justicia la existencia de pagos realizados por la multinacional, según dijo Carrillo.
Estos pagos, según la demanda, fueron 'revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, y dieron como resultado el asesinato selectivo de miles de personas en Colombia, entre ellos sindicalistas, trabajadores del sector del banano y políticos'.

'Con el objeto de promover sus negocios, Chiquita canalizó dinero y armas a un grupo terrorista que asesinó a miles de personas y transportó cantidades desconocidas de cocaína a los Estados Unidos', dijo Marco Simons, director legal de ERI.
La organización recordó que ya en marzo de este año, Chiquita se declaró culpable ante un tribunal de Washington DC, de cargos criminales por haber hecho más de 100 pagos a la AUC, por un importe de 1,7 millones de dólares.
Dado que la AUC fue declarada 'organización terrorista' por el gobierno estadounidense, Chiquita fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.
Por el momento, ningún portavoz de la compañía ha respondido a las llamadas de Efe para conocer su opinión sobre la demanda colectiva presentada hoy.
(EFE)