Denuncia contra los talleres clandestinos por explotación

28.07.2011 | Destacadas

Desde la Defensoría del Pueblo porteña afirmaron que pedirán a la justicia que investigue "la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en la ley de Trabajo y en la de Migraciones" por parte de los directivos de la marca Cheeky.  La defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, ampliará la denuncia contra los talleres clandestinos de costura en la ciudad por casos de trata de personas y explotación de trabajadores indocumentados, informaron el martes 16 de enero autoridades porteñas. Los últimos testimonios reunidos por la Defensoría del Pueblo porteña indican que en los talleres que funcionan exclusivamente para la marca Cheeky se realizan jornadas de hasta 20 horas de trabajo en condiciones de hacinamiento y absoluta ausencia de higiene y seguridad.


 

La Defensoría del Pueblo porteña precisó en un comunicado difundido por la agencia Telam, que la ampliación de la denuncia se efectuará en las próximas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo del magistrado Norberto Oyarbide.
Pierini señaló que requerirá a la justicia que se investigue "la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en la ley de Trabajo y en la de Migraciones por parte de los directivos de Cheek S. A., propietarios de la marca Cheeky".
Los últimos testimonios reunidos por la Defensoría del Pueblo porteña indican que en los talleres que funcionan exclusivamente para la marca Cheeky se realizan jornadas de hasta 20 horas de trabajo en condiciones de hacinamiento y absoluta ausencia de higiene y seguridad.
Entrábamos a trabajar a las 7. Nos daban un pedazo de pan como desayuno. La jornada terminaba a eso de las 10 de la noche, pero de vez en cuando seguíamos hasta el amanecer, más si estábamos cerca de la fecha de entrega", relató Quispe Nina. El conflicto surgió cuando nació su tercera hija, Elsa. "Les reclamé que tenían que pagarme por cada hijo y que me pusieron en blanco y me despidieron", revivió Máximo en una entrevista con Página/12 en el salón de la cooperativa de La Alameda, en Parque Avellaneda.
Los bajos costos no sólo pasaban por los sueldos. Tampoco se cumplía con las mínimas condiciones de seguridad si ello representaba un aumento de los gastos. "Había sólo un matafuego que estaba vencido y no tenía manguera. Había poca iluminación y casi sin ventilación", describió el operario.
Peores condiciones registraba el taller de la calle González hasta noviembre del año pasado, cuando Máximo y Haydée todavía trabajaban allí. "Los cables de electricidad colgaban por todos lados. Las máquinas de coser no estaban distanciadas. Había dos baños para 60 personas", enumeró Quispe Nina. Su esposa tuvo que soportar las náuseas y malestares propios de su embarazo al frente de la máquina porque si se retiraba era despedida. "Estuve hasta último momento trabajando. Yo le pedía irme a mi casa cuando me sentía mal, pero me amenazaban con que me iban a despedir", contó.
La recopilación de testimonios que posee la Defensoría y en la que colaboraron integrantes del Centro Comunitario La Alameda y la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre, indican que los trabajadores cobraban centavos por la confección de las prendas superiores a los 30 pesos y empleaban a mujeres embarazadas y menores de edad.
Por su parte, el ministro de la Producción porteño, Enrique Rodríguez, informó a Télam que la presentación que hará el Gobierno porteño por violación a la ley de migración y de derechos laborales "se hará a través de la Procuración General".
Rodríguez explicó que de acuerdo a las inspecciones realizadas en talleres de Floresta hay indicios sobre "la responsabilidad de la empresa Cheeky". Acotó que de acuerdo con las denuncias del personal, un grupo de encargados de la empresa de ropa infantil "buscaba las prendas" en los talleres de costuras cuestionados por el trato a los trabajadores, en su mayoría de países limítrofes, además de "supervisar la confección de las prendas y puesta de etiquetas".

 

La Defensoría del Pueblo porteña precisó en un comunicado difundido por la agencia Telam, que la ampliación de la denuncia se efectuará en las próximas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 3, a cargo del magistrado Norberto Oyarbide.

 

Pierini señaló que requerirá a la justicia que se investigue "la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en la ley de Trabajo y en la de Migraciones por parte de los directivos de Cheek S. A., propietarios de la marca Cheeky".

 

Los últimos testimonios reunidos por la Defensoría del Pueblo porteña indican que en los talleres que funcionan exclusivamente para la marca Cheeky se realizan jornadas de hasta 20 horas de trabajo en condiciones de hacinamiento y absoluta ausencia de higiene y seguridad.

 

Entrábamos a trabajar a las 7. Nos daban un pedazo de pan como desayuno. La jornada terminaba a eso de las 10 de la noche, pero de vez en cuando seguíamos hasta el amanecer, más si estábamos cerca de la fecha de entrega", relató Quispe Nina. El conflicto surgió cuando nació su tercera hija, Elsa. "Les reclamé que tenían que pagarme por cada hijo y que me pusieron en blanco y me despidieron", revivió Máximo en una entrevista con Página/12 en el salón de la cooperativa de La Alameda, en Parque Avellaneda.

 

Los bajos costos no sólo pasaban por los sueldos. Tampoco se cumplía con las mínimas condiciones de seguridad si ello representaba un aumento de los gastos. "Había sólo un matafuego que estaba vencido y no tenía manguera. Había poca iluminación y casi sin ventilación", describió el operario.

 

Peores condiciones registraba el taller de la calle González hasta noviembre del año pasado, cuando Máximo y Haydée todavía trabajaban allí. "Los cables de electricidad colgaban por todos lados. Las máquinas de coser no estaban distanciadas. Había dos baños para 60 personas", enumeró Quispe Nina. Su esposa tuvo que soportar las náuseas y malestares propios de su embarazo al frente de la máquina porque si se retiraba era despedida. "Estuve hasta último momento trabajando. Yo le pedía irme a mi casa cuando me sentía mal, pero me amenazaban con que me iban a despedir", contó.

 

La recopilación de testimonios que posee la Defensoría y en la que colaboraron integrantes del Centro Comunitario La Alameda y la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre, indican que los trabajadores cobraban centavos por la confección de las prendas superiores a los 30 pesos y empleaban a mujeres embarazadas y menores de edad.

 

Por su parte, el ministro de la Producción porteño, Enrique Rodríguez, informó a Télam que la presentación que hará el Gobierno porteño por violación a la ley de migración y de derechos laborales "se hará a través de la Procuración General".

 

Rodríguez explicó que de acuerdo a las inspecciones realizadas en talleres de Floresta hay indicios sobre "la responsabilidad de la empresa Cheeky". Acotó que de acuerdo con las denuncias del personal, un grupo de encargados de la empresa de ropa infantil "buscaba las prendas" en los talleres de costuras cuestionados por el trato a los trabajadores, en su mayoría de países limítrofes, además de "supervisar la confección de las prendas y puesta de etiquetas".