Pese a que la cadena de reciclaje genera ingresos de aproximadamente US$46 millones en concepto de exportaciones de materiales reciclables, un elevado porcentaje de las personas recicladoras en Nicaragua recibe ingresos muy bajo. El 75% se encuentra percibiendo menos de 3,000 córdobas mensuales. 44% de los recicladores lleva más de 10 años en la actividad del reciclaje pero 35% no es propietario de su vivienda.

Los recicladores de base, también conocidos como “churequeros” o “pepenadores”, realizan una importante labor para preservar el medio ambiente, para la economía del país, y para embellecer las ciudades. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, las condiciones socioeconómicas y de salud de esta población en Nicaragua se encuentran por debajo de la norma y ésta continúa enfrentando discriminación y falta de acceso a servicios básicos y de formación educativa y empresarial.

Éstos son algunos de los hallazgos del estudio realizado durante un año en los principales vertederos de basura de las ciudades cabeceras departamentales en Nicaragua por la Red de emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje (REDNICA), Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) y la Universidad Centroamericana (UCA). El reporte de la investigación será presentado en Managua a un público formado por diputados, empresarios y miembros de otras organizaciones involucradas en el reciclaje.

Este estudio, único en Nicaragua, ofrece información sobre las condiciones socioeconómicas y de salud de los recicladores de base, así como una serie de recomendaciones de política para dotar a esta población con el reconocimiento que merecen como gestores ambientales y como actores en la base de la cadena del reciclaje, la cual le trae al país ingresos de aproximadamente US$46 millones en concepto de exportaciones de materiales reciclables.

Esperamos que esta información también enriquezca las acciones de la Alianza por un Reciclaje Inclusivo  y que sea considerada por las entidades que actualmente están discutiendo el Dictamen de la Ley Especial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos y no Peligrosos y que se encuentran a cargo de la formulación de políticas públicas en torno al manejo de residuos sólidos en Nicaragua.