En el marco de la XXXIV Asamblea General de la Canipec, el Procurador Bernardo Altamirano Rodríguez y Laura Bonilla, presidenta de la Cámara, reafirmaron su interés por realizar acciones conjuntas en beneficio de los consumidores en materia de derecho a la información y combate a la publicidad engañosa.

En este tenor, el Procurador Bernardo Altamirano Rodríguez subrayó que la publicidad engañosa genera prácticas perversas que afectan a un triángulo fundamental: “al consumidor, en cuanto a su derecho a la información; a la competencia, en tanto prácticas desleales; y a los empresarios sociales, pues la publicidad desplaza del mercado a sus productos”.

El Procurador hizo énfasis en que proteger el derecho de la información de los consumidores es un asunto de interés general, por lo que para garantizarlo se requiere el trabajo conjunto del gobierno, la sociedad y organismos intermedios, como la Canipec.

Por ello, explicó, se está trabajando una agenda estratégica con diversos actores en la materia, con el objeto de diseñar y poner en marcha mecanismos de corresponsabilidad que promuevan la generación de confianza y la protección de los consumidores.

El titular de la Profeco destacó que además de las acciones legales que emprende la institución, el fenómeno de la publicidad engañosa también se debe enfrentar a través de la comunicación y las redes sociales, razón por la cual, desde el año pasado se incluyó en la Revista del Consumidor una nueva sección dirigida a combatir la publicidad engañosa a través de proveer información a los ciudadanos que les ayude a estar alerta e identificar este tipo de prácticas.

Más adelante, Altamirano Rodríguez destacó que entre las nuevas facultades que tiene la Profeco para el cumplimiento de sus atribuciones destaca la obligatoriedad de los proveedores para entregar la información que se les requiera, sin que puedan oponerse bajo el argumento de que la información es de uso interno.

De la misma manera, agregó, con las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor aprobadas en diciembre pasado, se aumentó el tope de la multa para casos de publicidad engañosa, considerándola como “caso particularmente grave”, alcanzando hasta 3 millones 457 mil 496 pesos.

Asimismo, se estableció que en caso de reincidencia, la multa ascenderá al 10 por ciento de los ingresos brutos anuales del infractor, obtenidos por la comercialización del bien o bienes, productos o servicios sobre los cuales verse la publicidad respectiva.

Por otra parte, esta reforma obliga a la Profeco a emitir un conjunto de lineamientos para el análisis y verificación de la publicidad.  En este sentido, subrayó que dichos lineamientos están siendo elaborados por el Consejo Consultivo del Consumo de la Procuraduría, integrado por distinguidos miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en el tema de publicidad. De esta forma, la Profeco reafirma que el origen y destino de sus políticas públicas se encuentra en la ciudadanía.

Por otra parte, Altamirano Rodríguez informó que en el próximo mes de marzo se inaugurará un portal para el consumidor, en el que se dedicará un capítulo al tema de la publicidad engañosa, en donde los consumidores podrán conocer qué productos han sido objeto de requerimientos, exhortos o multas por parte de la Profeco por incurrir en esta práctica ilegal.

Por último, el procurador Bernardo Altamirano destacó la coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyo titular Mikel Arriola estuvo presente en el evento, para lograr garantizar la difusión de publicidad veraz y comprobable por parte de los proveedores.