El contraste de criterios se realizará en el marco de la celebración de un Jueves de Ecoeficiencia-Ekosteguna que se celebrará el próximo 23 de abril en Bilbao bajo el título "Contratación Pública Verde de Obras e Infraestructuras: contraste de criterios ambientales con las empresas del sector". El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial quiere a través de su sociedad pública, contrastar, y mejorar, con los sectores de actividad implicados, los criterios de compra pública verde para obras públicas de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y de abastecimiento.

Esta jornada se dirige al conjunto de empresas que pertenecen a esa cadena de valor: entidades promotoras, proyectistas, empresas constructoras, productoras, comercializadoras y usuarios/as de materiales reciclados basados en residuos de construcción y demolición, escorias, etc., así como empresas operadoras.

Los criterios que se definan finalmente serán incorporados al Manual de Compra y Contración Pública Verde, editado por Ihobe, y que ya recoge los requisitos para realizar una compra verde en 26 productos o servicios, que van desde el mobiliario de oficina, alimentación, viajes, productos de limpieza o servicios de catering.

Una de las últimas incorporaciónes al citado manual ha sido los capítulos relacionados con el sector de construcción al que se han sumado los criterios de compra pública verde para obras de edificación sostenible, obras de urbanización, pavimentos exteriores, envolventes y pavimentos, revestimientos y acabados interiores, cuyos criterios han sido extraidos de las Guías de Edificación y Rehabilitación Sostenible del País Vasco.

La Compra y Contratación Verde es la compra o contratación de productos y/o servicios que considera no sólo los aspectos económicos o técnicos sino también el impacto ambiental de los mismos en todo su ciclo de vida. Esto supone que, además de tener en cuenta el comportamiento ambiental de los materiales y productos usados o adquiridos (incluido su uso y su proceso de fabricación), deberá tenerse en cuenta también los métodos y procedimientos en la ejecución de los contratos y el comportamiento ambiental de los proveedores y de los propios fabricantes.