Según las estimaciones de la ONU, el blanqueo de capitales representa cada año entre el 2 y el cinco por ciento del PIB mundial. La propuesta legislativa enmendada por el Parlamento Europeo obligaría a los Estados miembros a crear registros públicos centrales con información de los titulares reales de cualquier tipo de entidad jurídica, ya sean empresas, fideicomisos, mutuas, fundaciones o holdings.

Estos registros estarían interconectados en la UE y estarían a disposición del público previa identificación de la persona que quiera acceder a ellos. Los eurodiputados, que han aprobado su posición por 643 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones, han introducido varias enmiendas que tienen por objetivo reforzar la protección de datos personales, de modo que solo se publique la información estrictamente necesaria.

De acuerdo con la nueva directiva, los Estados miembros supervisarían las transacciones sospechosas a cargo de bancos y otras instituciones financieras, así como auditores, abogados, contables, asesores fiscales, notarios, agentes inmobiliarios y fideicomisos. Los casinos también estarían incluidos en las nuevas normas, pero la decisión de aplicar la directiva a otros juegos de azar dependería de los Estados miembros.

Los eurodiputados respaldan la propuesta de la Comisión de incluir en la directiva a las "personas del medio político de la UE", es decir, aquellos que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un Estado miembro.

La legislación actual sobre blanqueo de capitales se aplica a los políticos extranjeros y las nuevas normas se extenderían a los residentes en la UE, entre ellos Jefes de Estado, miembros del gobierno, ministros, miembros de tribunales supremos y miembros de parlamentos.

Las nuevas normas establecerían lazos empresariales mediante la identificación del cliente y la comprobación de su identidad gracias a informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes.

Las autoridades nacionales supervisarían las transacciones ocasionales, efectuadas en una única operación o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, cuando sumen al menos 15.000 euros. En el caso de los bienes pagados al contado, este límite se fijaría en 7.500 euros. Por su parte, los casinos tendrían que rendir cuentas de las transacciones a partir de los 2.000 euros, subrayan los diputados.

El pleno del Parlamento Europeo también ha aprobado la reforma del reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos, con el fin de mejorar la trazabilidad de los ordenantes y los receptores de los activos.