La ley unifica tanto la regulación de la evaluación ambiental estratégica como la evaluación de impacto ambiental, por lo que va a ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental. La norma propone, entre otros asuntos, "simplificar el procedimiento de evaluación ambiental, incrementar la seguridad jurídica de los operadores y lograr la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional"

.Además, la ley prevé que los daños provocados por los proyectos de infraestructuras y equipamientos (públicos o privados) puedan ser compensados por sus promotores con la mejora de hábitats naturales. El Gobierno español, promotor de esta ley, persigue con ella allanar el camino a la realización de obras de fuerte impacto e introducir criterios de mercado en la gestión de la naturaleza.

Tras pasar por el Senado se ha incluido un nuevo artículo relativo a la publicidad de la autorización de proyectos.

La Ley también incluye el régimen jurídico de la evaluación de planes, programas y proyectos, y establece un conjunto de disposiciones comunes que aproximan y facilitan la aplicación de las regulaciones tanto nacionales como comunitarias.

Concretamente, con el sistema previsto en la normativa aprobada, los daños ambientales de determinadas obras o proyectos (carreteras, ferrocarriles, oleoductos...) podrían ser compensados o reparados mediante la adquisición de créditos o títulos que avalen la mejora en fincas de valor natural.

Para ello, se crearán los bancos de conservación de la naturaleza, de manera que los dueños de fincas que demuestren haber hecho tales mejoras (una repoblación forestal, la protección de una especie, la restauración de una laguna..) obtendrán por ello títulos o crédito que podrán vender en el mercado a los promotores de proyectos que necesiten medidas compensatorias para legitimar sus proyectos. La Administración fijaría el número de títulos necesario al efectuarse la evaluación ambiental de la obra.

Durante el debate de esta ley este jueves, PP y CiU han coincidido a la hora de solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que convoque un grupo de trabajo abierto a todas las comunidades autónomas y a los sectores implicados para que estudie y formule propuestas sobre el desarrollo reglamentario de los bancos de conservación.

La ley aprobada por el Congreso de los Diputados acorta los plazos para obtener una declaración de impacto ambiental (actualmente puede prolongarse más de diez años) y obliga a someter a este tipo de evaluaciones a todos los proyectos de extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica (fracking).