Ramón Jáuregui, redactor y ponente de la proposición ante el pleno del Congreso apunta que  "La crisis que sufrimos nos ha demostrado que la visión cortoplacista de la actividad empresarial y la búsqueda del máximo beneficio en el menor plazo han salido derrotados: son casi siempre causa de resultados trágicos. La apuesta por la tecnología, la innovación, el conocimiento y la formación como clave de competitividad,  sale fortalecida de una crisis que golpea lo contrario. Una empresa "limpia", ecológica, sostenible, con una vitola de responsabilidad social emerge de la crisis con un plus de competitividad frente a la empresa "tóxica" e irresponsable.
En el texto, adelantado en exclusiva por el portal Diario Responsable.com,  se considera que es momento de extender a la Administración Pública, a sus empresas y a las entidades que gestionan servicios públicos fundamentales, la cultura de la responsabilidad social: hospitales, universidades, empresas contratadas o  subcontratadas por la  ésta  para la gestión de servicios públicos fundamentales, etc., deben ser ejemplo de estas prácticas y de esta cultura de la responsabilidad-sostenibilidad.
La proposición no de ley, concluye realizando una serie de recomendaciones al ejecutivo para promover la Responsabilidad social de las empresas: 
1.- Impulsar una gestión socialmente responsable de las Administraciones Públicas, mediante actuaciones que favorezcan la transparencia, la cultura del trabajo que crea valor en el seno de la Administración Pública, la conciliación de la vida laboral personal y familiar de los empleados públicos, (ya recogido en nuestra regulación legal en el Plan Concilia) y la incorporación de cláusulas sociales y medio ambientales en los contratos públicos, al amparo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, (Artículos 49, 102, 134 y Disposiciones Adicionales Sexta y Séptima).
2.- Incorporar los grandes retos de la lucha contra la pobreza, objetivos del Milenio respeto a los Derechos Humanos, desde la perspectiva de las prácticas socialmente responsables, a las empresas españolas en sus actuaciones internacionales.
3.- Favorecer la inversión socialmente responsable (ISR), tanto en el sector privado como en el público y, especialmente en este último caso, propiciar la consideración de los aspectos sociales y medio ambientales.
4.- Fortalecer la cultura de un consumo responsable que ayude a hacer más partícipes a los ciudadanos como consumidores, para demandar bienes y servicios que sean producidos bajo criterios de responsabilidad social empresarial.
5.- Fomentar la transparencia empresarial mediante la incorporación a las empresas de la información que realizan a través del triple balance: económico, social y medioambiental.
6.- Potenciar el diálogo de todos los grupos de interés relacionados con la RSE, a través del Consejo Estatal.
7.- Favorecer la expansión cultural, educativa y formativa de la RSE, introduciendo contenidos del desarrollo sostenible y de la RSE, en los distintos niveles educativos.
8.- Favorecer y coordinar en su caso, las políticas autonómicas de apoyo a la RSE, entendiendo que la tarea de los gobiernos autonómicos en esta materia es particularmente idónea e importante en la expansión de la RSE a las PYME."