El senador francés Jean-Vincent Placé, presidente de los Verdes,  partido que defiende una visión del mundo más ecológica  y aboga por modelos de consumo basados en productos menos perecederos, presentó el pasado marzo un proyecto de ley para sancionar a los fabricantes que utilicen la táctica mercantil de la obsolescencia programada, por considerarla injusta y perjudicial para el medio ambiente.

Como él mismo detalló en su intervención, en el 45% de los casos los aparatos se sustituyen cuando todavía están en buen funcionamiento o deberían poder ser reparados: "Hay que poner fin a esta estafa de usar y tirar, se debe garantizar el poder utilizar productos fiables, reparables y duraderos", declaró a 'Le Monde Diplomatique'.

Las presiones de los grupos empresariales franceses han aparecido y podrían conseguir que en el redactado final del marco normativo a presentar esta legislatura la aplicación se circunscriba solo a los proveedores. Además surgen temores de que no sea posible la aplicación de una reglamentación coherente con el espíritu de la nueva  ley del consumidor aprobada por el Parlamento francés el 14 de marzo del 2014.

Esta iniciativa está repercutiendo en toda Europa. El Comité Social y Económico Europeo (EESC, por sus siglas en inglés) organizó una mesa redonda sobre la obsolescencia planificada para presionar a la Comisión Europea a que actúe y castigue esta práctica. El EESC ya hizo una llamada a la prohibición total en un pleno en octubre del año pasado. 

Además, el pasado mes de junio, tras una reunión organizada por la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales, que preside el español Carlos Trias Pinto, y que se encuadra en el citado Comité, se promulgó la Declaración de Madrid, en la que se reclamaban fundamentos de sostenibilidad en todo el modelo productivo.