Peluso y el titular de UDES, Jorge Álvarez, destacaron que se está llevando al país a contraer una "enorme e inafrontable hipoteca social" que obliga a revertir "este fenómeno de la clandestinidad laboral que ha instalado una cultura de evasión y elusión, ya que aquellas empresas que mantienen trabajadores informales no cumplen tampoco con otras obligaciones fiscales".
Los empresarios señalaron que, en contrapartida, las empresas que sí cumplen con todas las normativas y obligaciones están sujetas, por esta misma razón, a una altísima presión fiscal. "Sufren, de tal manera, la aplicación de impuestos distorsivos -al cheque, a los sellos, a los ingresos brutos- incluso tasas de abasto municipales que se parecen en mucho a las abolidas aduanas internas".

En el capítulo de las demandas, UDES señaló algunos aspectos conducentes a despejar la incertidumbre empresaria. En tal sentido se refirió a la "necesidad de contar con una solución al tema Ley de Riesgos de Trabajo que no implique mayores costos empresarios en la economía formal y acabe con la reaparición de la industria del juicio por accidente".
Entre los reclamos al Estado está también en el primer plano el cese de la aplicación de la doble indemnización, teniendo en cuenta la recuperación de la economía y, consecuentemente, del empleo". En el final del capítulo la UDES recordó que la Argentina resurge de "una tremenda crisis económica con un default y quita de deuda pública que no tuvo su correlato en las empresas privadas que, ante la emergencia, mantuvieron deudas con el fisco".

Para la UDES, los mecanismos instrumentados imposibilitaron, por su alto costo, la normalización tributaria, llevando a la irregularidad a muchas pequeñas y medianas empresas. "La realidad muestra que vastos sectores se han sumado a un sistema perverso -el de la clandestinidad laboral-, en algunos casos por no poder sobrevivir de otra forma. La solución para erradicar o disminuir la clandestinidad laboral provendrá de una política global que, a nuestros entender, debe estar orientada a alentar a las empresas cumplidoras y a las que modifiquen su comportamiento", enfatizó Alvarez.
Recalde, asesor laboral de la Confederación General del Trabajo, definió a los trabajadores en negro como "desaparecidos sociales" y coincidió en el diagnóstico del sector empresario. "El trabajo no registrado es una de las razones de la exclusión social y el desamparo en el que se encuentran los trabajadores", dijo.
Según Recalde, deben instrumentarse medidas que vayan en dos direcciones. Una primera dirigida a la protección de los trabajadores que estén en negro, "asegurándoles el pago de la prestación por desempleo cuando sean despedidos". Y una segunda, dirigida a los pequeños empresarios, "por la vía de la simplificación de los trámites, la capacitación y el apoyo estatal mediante todos los medios posibles: impositivos, técnicos, tecnológicos, crediticios", precisó.
Las coincidencias de Abad con Recalde fueron notables. Hasta en la definición del trabajador en negro Ante el término "desaparecido" empleado por el abogado de la CGT, el titular de la AFIP opuso el de "parias sociales".
Para Abad hay una batería de medidas de corto plazo que ya están en vías de instrumentación, a las que se deben agregar medidas de largo plazo. "Estoy hablando de quince o veinte años de acción constante que nos lleven a la erradicación del trabajo en negro. Se infiere, entonces, que estoy hablando de lo que se llama una política de Estado", enfatizó.
Entre las medidas aludidas, el titular de la AFIP citó expresamente: una agresiva presión fiscalizadora, la interposición de todo tipo de frenos a la competencia desleal de quien no paga impuestos y aportes provisionales o sociales. "El Estado tiene la obligación de bajar el costo de la formalidad y acabar con los impuestos distorsivos".
En tal sentido, Abad rescató el uso de la tecnología informática que, a partir de hoy, permitirá que "cualquier trabajador tenga acceso a una página web en la que pueda chequear su historia laboral y detectar cuándo su empleador está en falta y, así, denunciarlo ante las autoridades convirtiéndose él mismo en un policía del trabajo".
Al cierre del II Foro sobre Clandestinidad Laboral, Noemí Rial destacó "lo saludable que significa ver que, por primera vez, todos los actores económicos y el Estado mismo hayan tomado conciencia de la realidad del trabajo no registrado, única forma de que podamos terminar con la legión de excluidos que nos ha dejado una década en la que el Estado no estuvo presente, cumpliendo con sus roles indelegables".

La viceministro de Trabajo rescató las tareas conjuntas que vienen desarrollando su cartera y la AFIP y ofreció datos de una encuesta reciente en la que aparecen claramente identificados los sectores que más participan en la generación del empleo en negro: el servicio doméstico, las tareas rurales, la construcción, los restaurantes y las pequeñas empresas. En este caso, sin embargo, destacó las atenuantes que ya habían sido explicadas por los demás compañeros de panel.
Por último, Rial propuso para un futuro "ir trabajando sobre las formas de encarar soluciones a las situaciones atípicas y encubiertas del trabajo en negro". Entre las primeras citó, por ejemplo, el de sectores laborales como el de los músicos, los actores, los deportistas y los remiseros, entre otros. Entre los segundos, el de las pymes, que tienen al 72 por ciento de su personal en negro.
Empresarios, trabajadores y funcionarios del gobierno coincidieron en que el tema está abierto y falta ahora avanzar en las soluciones a través de un gran debate nacional en el que nadie quede se haga el distraído.