Industria textil: el Estado, un actor clave

26.07.2011 | Gestión

Las 40 organizaciones sociales que se reunieron en Honduras para intercambiar experiencias y debatir sobre sus acciones para mejorar las condiciones laborales en la industria textil en América Latina, coincidieron en que el Estado es un actor clave para lograr sostenibilidad en los cambios hacia el cumplimiento de los derechos de ciudadanas y ciudadanos. Las fábricas y las marcas también son responsables, dijeron.


 

Unas 40 organizaciones sociales de Latinoamérica se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, para compartir experiencias y analizar la situación de trabajadoras y trabajadores en la industria textil a lo largo del continente, y debatir estrategias para sensibilizar e incidir en los diferentes actores involucrados.
"AMF3. Derechos laborales en una cambiante industria" es el seminario que se realizó del 30 de septiembre al 2 de octubre, organizado por la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) y el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH).
Allí estuvieron integrantes de Fundación El Otro e Interrupción para presentar la investigación "Quién es quién en la cadena de valor del sector de Indumentaria y Textil. Hacia una solución conjunta", realizada en Buenos Aires entre 2006 y 2007.
Durante los tres días en Honduras los representantes de las organizaciones, entre las que estuvieron también otros integrantes de Red Puentes, debatieron sobre los impactos del fin del sistema de cuotas de importación (Acuerdo Multifibras – AMF) y otras políticas y acuerdos de comercio sobre las industrias nacionales de confección, qué cambios podrían darse en adelante para impactar en salarios, condiciones laborales y derechos en general, y qué estrategias y alianzas nuevas podrían generarse para enfrentar esos impactos negativos de la liberalización del comercio, abogando por políticas que mejoren la situación laboral de trabajadoras y trabajadores.
La situación es bien compleja y compartida por todos los países donde se alojan las maquilas (Nicaragua, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Costa Rica y Guatemala): la flexibilización laboral, la falta de libertad de asociación, la ausencia de un salario decente y la movilidad de las fábricas que no cumplen con las leyes y buscan evadir impuestos. Frente a estos abusos, donde hombres y mujeres se ven forzados a aceptar condiciones que violan sus derechos por falta de otras alternativas, muchas acciones se han desarrollado en estos últimos 10 años. Sin embargo, las mismas organizaciones reconocen que no fue suficiente ya que las maquilas todavía subsisten, las leyes siguen sin cumplirse y los trabajadores y trabajadoras siguen siendo explotados.
De todas formas, hubo algunos logros como la concientización cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras luego de movilizarse para reclamar, por ejemplo, que se les pague indemnización al cierre de una fábrica, o para armar un sindicato donde les estaba prohibido. También se ha logrado que las marcas, en algunos casos, se involucren y pidan a las fábricas (sus proveedoras) que revisen sus políticas y respeten los derechos laborales de empleadas y empleados.
Pero la gran preocupación compartida es cómo lograr sustentabilidad en las acciones. No hay todavía un verdadero compromiso por parte de las marcas, salvo excepciones, ni de organismos internacionales como la OIT, ni tampoco del Estado, que es un actor clave para garantizar que los derechos se cumplan.
"Lograremos sustentabilidad en la medida en que fortalezcamos al Estado", dijo Maritza Paredes, directora de EMIH. "No se respeta el derecho a ejercer la ciudadanía. Muchas trabajadoras del sector agropecuario están esperando que lleguen las maquilas porque no tendrán que estar más bajo el sol. Entonces, ¿la maquila es la única alternativa? ¿Qué podemos hacer las organizaciones?", preguntó Paredes.
El 80% de las personas que trabajan en estas circunstancias son mujeres, muchas menores de edad. Largas jornadas laborales, sin pago de horas extras ni prestaciones sociales, con apenas algunos minutos de descanso por día y pagos atrasados, son algunos de los inconvenientes que deben enfrentar. Y como un problema adicional, las empresas van incorporando cada vez más hombres. Ellos son menos problemáticos, dicen los dueños de las fábricas, ya que no necesitan, por ejemplo, licencias por maternidad. La situación es similar en Argentina, Colombia y Perú donde no hay maquilas pero sí talleres informales e ilegales, y muchas trabajadoras a domicilio que ni siquiera están registradas.
"Ninguna reforma puede ser sostenible si no hay masa critica fuerte al respecto y si el Estado no se involucra", expresó Carolina Quinteros del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).
Las marcas, que encargan sus prendas a las maquilas e incluso supervisan la producción y exigen tiempos para la entrega, suelen desentenderse de las condiciones laborales en que se fabrican la ropa. Pero tomando la línea de la Responsabilidad Social Empresaria, algunas van prestando un poco más de atención. "La preocupación de las marcas es una cuestión de negocios, pero nosotros tenemos que aprovechar eso para incidir", afirmó Lynda Yanz, a cargo de RSM, organización que lleva una década trabajando en campañas para denunciar malas prácticas en las maquilas e intentando generar acuerdos con las marcas. "Estas incluso prefieren y necesitan auditorías y regulaciones de gobierno porque las consultoras privadas tienen fallas y altos costos", agregó Lynda, promotora del encuentro.
En este sentido se habló también de los Códigos de Conducta como una herramienta de presión y control sobre las empresas. Y de los efectos negativos que tuvo el fin del Acuerdo Multifibras en casi toda la región, generando más desempleo (donde no hay políticas al respecto), fuerte migraciones y por ende rupturas familiares por necesidad de trabajo, y peores condiciones laborales para quienes no tuvieron opción de ingresar en otras fábricas.
"Tenemos que ver cómo lograr mejoras para trabajadoras y trabajadores pero sin que las maquilas se vayan", coincidieron varios en una mesa de trabajo. "Y si trabajadoras y trabajadores no están organizados, no podemos avanzar", dijeron. "En el proceso hay logros que primero pueden ser chiquitos pero que pueden volverse grandes si los compartimos", agregó Paredes. El encuentro finalizó con el compromiso de todos para encarar nuevas acciones conjuntas, dejando claro que la responsabilidad es de todos los actores: Estado, marcas y fábricas.
Como propuestas, se planteo explorar la estrategia de consensos por parte de las organizaciones más que la de presión a las empresas, buscar mediaciones para ver qué intereses tienen en común los diferentes sectores en la cadena de valor, hacer demandas a nivel internacional en conjunto, y exigir que los derechos laborales sean integrados a los Derechos Humanos.

Unas 40 organizaciones sociales de Latinoamérica se reunieron en San Pedro Sula, Honduras, para compartir experiencias y analizar la situación de trabajadoras y trabajadores en la industria textil a lo largo del continente, y debatir estrategias para sensibilizar e incidir en los diferentes actores involucrados.
"AMF3. Derechos laborales en una cambiante industria" es el seminario que se realizó del 30 de septiembre al 2 de octubre, organizado por la Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) y el Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH).
Allí estuvieron integrantes de Fundación El Otro e Interrupción para presentar la investigación "Quién es quién en la cadena de valor del sector de Indumentaria y Textil. Hacia una solución conjunta", realizada en Buenos Aires entre 2006 y 2007.
Durante los tres días en Honduras los representantes de las organizaciones, entre las que estuvieron también otros integrantes de Red Puentes, debatieron sobre los impactos del fin del sistema de cuotas de importación (Acuerdo Multifibras – AMF) y otras políticas y acuerdos de comercio sobre las industrias nacionales de confección, qué cambios podrían darse en adelante para impactar en salarios, condiciones laborales y derechos en general, y qué estrategias y alianzas nuevas podrían generarse para enfrentar esos impactos negativos de la liberalización del comercio, abogando por políticas que mejoren la situación laboral de trabajadoras y trabajadores.

La situación es bien compleja y compartida por todos los países donde se alojan las maquilas (Nicaragua, República Dominicana, Honduras, El Salvador, México, Costa Rica y Guatemala): la flexibilización laboral, la falta de libertad de asociación, la ausencia de un salario decente y la movilidad de las fábricas que no cumplen con las leyes y buscan evadir impuestos. Frente a estos abusos, donde hombres y mujeres se ven forzados a aceptar condiciones que violan sus derechos por falta de otras alternativas, muchas acciones se han desarrollado en estos últimos 10 años. Sin embargo, las mismas organizaciones reconocen que no fue suficiente ya que las maquilas todavía subsisten, las leyes siguen sin cumplirse y los trabajadores y trabajadoras siguen siendo explotados.

De todas formas, hubo algunos logros como la concientización cada vez mayor de trabajadores y trabajadoras luego de movilizarse para reclamar, por ejemplo, que se les pague indemnización al cierre de una fábrica, o para armar un sindicato donde les estaba prohibido. También se ha logrado que las marcas, en algunos casos, se involucren y pidan a las fábricas (sus proveedoras) que revisen sus políticas y respeten los derechos laborales de empleadas y empleados.
Pero la gran preocupación compartida es cómo lograr sustentabilidad en las acciones. No hay todavía un verdadero compromiso por parte de las marcas, salvo excepciones, ni de organismos internacionales como la OIT, ni tampoco del Estado, que es un actor clave para garantizar que los derechos se cumplan.
"Lograremos sustentabilidad en la medida en que fortalezcamos al Estado", dijo Maritza Paredes, directora de EMIH. "No se respeta el derecho a ejercer la ciudadanía. Muchas trabajadoras del sector agropecuario están esperando que lleguen las maquilas porque no tendrán que estar más bajo el sol. Entonces, ¿la maquila es la única alternativa? ¿Qué podemos hacer las organizaciones?", preguntó Paredes.

El 80% de las personas que trabajan en estas circunstancias son mujeres, muchas menores de edad. Largas jornadas laborales, sin pago de horas extras ni prestaciones sociales, con apenas algunos minutos de descanso por día y pagos atrasados, son algunos de los inconvenientes que deben enfrentar. Y como un problema adicional, las empresas van incorporando cada vez más hombres. Ellos son menos problemáticos, dicen los dueños de las fábricas, ya que no necesitan, por ejemplo, licencias por maternidad. La situación es similar en Argentina, Colombia y Perú donde no hay maquilas pero sí talleres informales e ilegales, y muchas trabajadoras a domicilio que ni siquiera están registradas."Ninguna reforma puede ser sostenible si no hay masa critica fuerte al respecto y si el Estado no se involucra", expresó Carolina Quinteros del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).

Las marcas, que encargan sus prendas a las maquilas e incluso supervisan la producción y exigen tiempos para la entrega, suelen desentenderse de las condiciones laborales en que se fabrican la ropa. Pero tomando la línea de la Responsabilidad Social Empresaria, algunas van prestando un poco más de atención. "La preocupación de las marcas es una cuestión de negocios, pero nosotros tenemos que aprovechar eso para incidir", afirmó Lynda Yanz, a cargo de RSM, organización que lleva una década trabajando en campañas para denunciar malas prácticas en las maquilas e intentando generar acuerdos con las marcas. "Estas incluso prefieren y necesitan auditorías y regulaciones de gobierno porque las consultoras privadas tienen fallas y altos costos", agregó Lynda, promotora del encuentro.
En este sentido se habló también de los Códigos de Conducta como una herramienta de presión y control sobre las empresas. Y de los efectos negativos que tuvo el fin del Acuerdo Multifibras en casi toda la región, generando más desempleo (donde no hay políticas al respecto), fuerte migraciones y por ende rupturas familiares por necesidad de trabajo, y peores condiciones laborales para quienes no tuvieron opción de ingresar en otras fábricas.
"Tenemos que ver cómo lograr mejoras para trabajadoras y trabajadores pero sin que las maquilas se vayan", coincidieron varios en una mesa de trabajo. "Y si trabajadoras y trabajadores no están organizados, no podemos avanzar", dijeron. "En el proceso hay logros que primero pueden ser chiquitos pero que pueden volverse grandes si los compartimos", agregó Paredes.

El encuentro finalizó con el compromiso de todos para encarar nuevas acciones conjuntas, dejando claro que la responsabilidad es de todos los actores: Estado, marcas y fábricas.
Como propuestas, se planteo explorar la estrategia de consensos por parte de las organizaciones más que la de presión a las empresas, buscar mediaciones para ver qué intereses tienen en común los diferentes sectores en la cadena de valor, hacer demandas a nivel internacional en conjunto, y exigir que los derechos laborales sean integrados a los Derechos Humanos.