El reporte de esta información debe estar apoyado en evidencias de una política de gestión de riesgos y de acciones de control en las cadenas de suministro.

Además exigen que las sociedades cotizadas aborden el tema como parte de sus informes anuales a los accionistas.

El objetivo es que la nueva ley ayude a luchar contra los riesgos en materia de derechos humanos dentro de las cadenas de suministro, en especial para reducir la incidencia del trabajo forzoso y la trata de personas.

En la declaración se informa la necesidad de gestionar y reportar esta información por “el costo humano, la incidencia del trabajo forzoso, de las malas condiciones de trabajo en las cadenas de suministro que pueden provocar daños a las marcas y a la reputación, lo que socava la licencia para operar de las empresas. La operación de terceros no regulados dentro de las cadenas de suministro genera ineficiencia operativa y aumenta el riesgo de una alteración importante en la cadena de suministro”.

A pesar de las exigencias de incluir estas reglamentaciones al nuevo proyecto de ley sobre Esclavitud Moderna, los inversores exigen la participación del sector empresario en su redacción para evitar que “una legislación prescriptiva o la burocracia innecesaria ahoguen la creatividad empresarial para hacer frente a los problemas sociales”.