La Directiva Europea de información no financiera obligatoria sería aprobada en mayo
De acuerdo a información proporcionada por fuentes cercanas al proceso, la Propuesta de la Unión Europea para hacer obligatoria la divulgación de información no financiera para grandes empresas sería aprobada en el mes de mayo. La semana pasada el Parlamento y la Comisión de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre la directiva, luego de superar la inicial resistencia que plantearon países como Alemania y el Reino Unido, sobre todo con respecto a la cantidad de empresas que serán alcanzadas por la normativa.
Esta normativa afectaría a unas 6.000 empresas europeas que tendrán que informar sobre sus impactos. Para Michel Barnier, Comisario para el Mercado Interior y Servicios, "Europa necesita reglas modernas y útiles sobre la transparencia de la información no financiera por ciertas grandes empresas". De este modo, comenta que las nuevas reglas sólo se aplicarán en algunas compañías con más de 500 empleados, ya que los costes de los que requieren las pequeñas y medianas empresas (PYME) para aplicarlas podrían superar los beneficios.
En la versión anterior, con las PYME incluidas el número de empresas involucradas era 18.000.
De acuerdo a las modificaciones introducidas, cada Estado nacional podrá definir su propio criterio sobre cuáles empresas estarán alcanzadas.
“Esta decisión es el resultado de negociaciones muy difíciles y logró un buen equilibrio entre la necesidad de aumentar la transparencia y no obstaculizar la competitividad mediante la adición de los trámites burocráticos innecesarios para las empresas de la UE. Por esta razón, los requisitos no se aplicarán a las PYME, sino sólo a las grandes empresas, en el caso de las políticas de diversidad, se limita a las sociedades cotizadas”, dijo el relator Raffaele Baldassarre.
Desde la sociedad civil existe el temor de que la posición de línea dura del Consejo frente a la postura progresista del Parlamento dé lugar a un punto muerto en la próxima etapa de las negociaciones, que se tiene que producir para poder sacar adelante la nueva normativa europea. Jerome Chaplier, coordinador de ECCJ, asegura que la postura de estos Estados miembros “socava completamente la reforma”. “Su oferta de ‘lo tomas o lo dejas’ no se limita a diluir la reforma, sino que la convertiría en poco más que un escaparate, puesto que las compañías elegirían la manera de informar sobre sus impactos sociales y ambientales, y serían capaces de evitar la presentación de informes sobre temas sensibles", indicó Chaplier.
Para convertirse en ley, la propuesta de la Comisión tiene que ser aprobada tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros de la UE en el Consejo. Se espera que el Parlamento Europeo vote esta legislación en la sesión plenaria en abril, para que posteriormente pase por el Consejo en el mes de mayo.