La patronal carga contra la nueva regulación de la responsabilidad social empresarial
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales se ha pronunciado en contra de la decisión de la Junta de Castilla y León de impulsar la denominada responsabilidad social empresarial ya que puede “acabar en una nueva distorsión del mercado al introducir elementos que discrimen a unas compañías frente a otras”. Según el proyecto de ley (2012), las compañías que aprueben un examen de RSE tendrán prioridad en la concesión de contratos y ayudas públicas.
La patronal se ha pronunciado a través de un voto particular al informe del Consejo Económico y Social al anteproyecto de la futura Ley de Industria para Castilla y León. En dicho texto, la Junta establece la creación de distintivos específicos, ventajas fiscales, preferencias en la contratación pública y/o en la obtención de ayudas públicas, a las empresas que superen favorablemente las evaluaciones sobre responsabilidad social de las empresas.
La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales destaca la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial, pero advierte que las medidas incluidas en el texto suponen más obligaciones y cargas administrativas, y por tanto mayores costes, en un momento en el que las empresas, y fundamentalmente las pymes, tienen que hacer frente a numerosas dificultades para sobrevivir debido a la crisis financiera en España.
La creación de estos distintivos, que se obtendrían con el cumplimiento de unas condiciones que establezca la Administración, podrían -resalta la patronal que preside Santiago Aparicio- discriminar sin razón justificada a unas empresas frente a otras generando una nueva distorsión de la libre competencia y, por ende, una ruptura del mercado interior.
La confederación subraya además que estas iniciativas se formulan desde los poderes públicos y otras organizaciones sin reforzar ni realizar una llamada a su propia responsabilidad en la materia. "La responsabilidad debe ser compartida por todos los agentes implicados y los primeros en dar ejemplo deben ser los poderes públicos".
El examen que la Junta quiere imponer evaluaría aspectos como "el mantenimiento de la calidad en el empleo, la protección del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos y la promoción permanente de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres".
La patronal subraya en su voto particular el contrasentido de que se establezcan nuevas cortapisas para la actividad empresarial cuando en la propia exposición de motivos de la Ley se fija como uno de sus objetivos continuar y profundizar "en un proceso de liberalización de la actividad industrial, de eliminación o minimización de barreras regulatorias".