Se calcula que, en promedio, el servicio de recolección de residuos urbanos constituye entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto municipal, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, más del 20 por ciento. A su vez, el mercado se encuentra concentrado en muy pocas empresas. Por otra parte, el servicio genera no sólo impactos económicos, sino también, sociales y ambientales, y por ende, los ciudadanos no sólo se ven afectados como contribuyentes principales del servicio público, sino además, como sus destinatarios y consumidores finales.

El Informe tiene por objeto medir el grado de transparencia y acceso a la información sobre políticas anticorrupción del sector privado. En particular, en empresas privadas nacionales que sean prestadoras o potenciales prestadoras del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos urbanos y/o patogénicos y peligrosos en el país.

Los resultados muestran la poca o nula existencia de herramientas tendientes a poner a disposición información para cualquier persona interesada, como así también la escasez de un programa integral de prevención de la corrupción. Estos resultados pueden considerarse representativos de los bajos estándares de transparencia en el sector de aquellas compañías que contratan con los gobiernos a fin de prestar el servicio público de higiene urbana.

“La falta o debilidad de los mecanismos institucionalizados de prevención y control parece responder más bien a una lógica comercial por la que incurrir en prácticas de soborno puede resultar un recurso racional en un contexto en que esa práctica se percibe como generalizada. Muchas compañías quieren contribuir a la lucha contra la corrupción por un sentido ético, pero sienten que el mercado no reconoce sus esfuerzos a causa de la falta de compromiso del sector para instrumentar políticas contra el soborno y otras tantas, no quieren incurrir en costos adicionales por sus prácticas”, sostiene el informe.

El Informe cuenta con recomendaciones dirigidas no sólo a las empresas del sector sino también a los gobiernos municipales, provinciales y nacional para la lucha contra la corrupción a través del conocimiento y promoción de buenas prácticas, los controles y normas destinados a desincentivar que alguna persona intente ejecutar un acto corrupto, ya sea porque aumenta la probabilidad de ser detectado o porque de ocurrir, éste no podría mantenerse impune por mucho tiempo.

“Poder Ciudadano desea que el presente Informe se convierta en un disparador y sirva para generar conciencia sobre la importancia que posee la participación activa del sector privado en la lucha contra la corrupción. La ecuación es clara: a mayor y mejor información sobre cada empresa y sus procedimientos, menor espacio para la corrupción”, expresaron voceros de la ONG.

La metodología utilizada para el estudio realizado fue: selección aleatoria de una muestra de empresas a analizar, envío de cuestionario a las empresas, recolección y revisión interna de datos, feedback con las empresas, revisión final de la información, generación de recomendaciones, y redacción del Informe. El instrumento de recolección de información fue un cuestionario de 24 preguntas cerradas, que se centró en las siguientes dimensiones: programas anticorrupción, transparencia organizacional y sistemas de gestión.