La portavoz de Medio Ambiente, Barbara Helfferich, explicó en rueda de prensa que este volumen de emisiones autorizado por el Ejecutivo comunitario representa además un 6% de recorte respecto a las emisiones verificadas del año 2005. Celebró que con los Planes Nacionales de Asignación para el periodo 2008-2012, la UE "será capaz de cumplir los objetivos marcados por Kioto" de reducción de emisiones.

Asimismo, la portavoz se felicitó por el hecho de que "los Estados miembros van a subastar o vender muchas de sus asignaciones para el periodo 2008-2012 debido a la mayor experiencia en subastas" y destacó, especialmente, "el progresivo aumento" de compra-venta de derechos de emisión en el mercado europeo del dióxido de carbono.
En los últimos seis meses, "el volumen de comercio mensual registrado es superior a las 120 millones de toneladas asignadas" lo que supone que cada día, explicó, se compran y venden derechos de emisión equivalentes a entre 7 y 10 millones de toneladas asignadas.

No obstante, la portavoz informó en rueda de prensa de que siete de los diez Estados miembros que se adhirieron a la UE en mayo de 2004, es decir, todos con la excepción de Malta, Chipre y Eslovenia, han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) para protestar por las reducciones de emisiones de CO2 exigidas por Bruselas para aprobar sus respectivos PNA.
En este sentido, precisó que, hasta la fecha, seis de estos siete países --que no especificó-- "ya han presentado un recurso" formal ante la máxima instancia judicial europea, mientras que el séptimo "ha anunciado su intención de hacerlo".
Cada Estado miembro fija en su PNA el límite máximo de la cantidad de emisiones de CO2 que se permitirá emitir a sus instalaciones industriales calificadas de "relevantes" bajo el esquema de comercio de emisiones, así como la cuota que se asignará a cada una de ellas.

Posteriormente, corresponde a Bruselas aprobar el plan en base a 12 criterios  que buscan que los PNA sean coherentes con los compromisos de la UE en el marco del Protocolo de Kioto. La Comisión es la encargada de evaluar su idoneidad y de proponer modificaciones antes de aprobarlos parcial o totalmente, una vez que los Estados miembros los corrigen siguiendo sus observaciones. Como es el caso actual, puede demandar modificaciones que deberán realizarse para dar su visto bueno definitivo.

En el caso de Rumania, el Ejecutivo comunitario ha pedido a las autoridades de Bucarest que sus empresas industriales no superen, en 2007, el techo de 74,8 millones de toneladas de emisiones permitidas, mientras que para el periodo 2008-2012, tendrá que reducir en un 20,7% su previsión de emisiones de CO2 hasta un total autorizado de 75,9 millones de toneladas.
Por su parte, las industrias en Bulgaria podrán emitir en 2007 un total de 42,3 millones de toneladas de CO2, tope máximo que podrán seguir emitiendo durante el periodo 2008-2012, lo que supone, no obstante, que el Ejecutivo de Sofía tendrá que reducir en un 37,4% su previsión de emisiones de CO2 para dicho periodo.

Los PNA de Bulgaria y Rumania son los últimos que la Comisión ha revisado, completando así el análisis del conjunto de países miembros. No obstante, la portavoz anunció que las empresas industriales de Islandia, Lichtestein y Noruega están autorizadas a participar también en el mercado de derechos de emisiones europeo.
Por otra parte, la Comisión aprobó las enmiendas del PNA que Alemania presentó a Bruselas.   De las enmiendas que presentaron también Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia y Suecia a sus respectivos planes, la Comisión debe aún pronunciarse sobre la eslovaca.

En el caso de España, Bruselas aprobó un techo máximo de emisiones de 152,3 millones de toneladas de CO2, un 0,3% de reducción con respecto a la pretensión del Gobierno de autorizar a la industria emisiones de alrededor de 152,7 millones de toneladas, según recordó la Comisión en un comunicado.
(Europa Press)