A través del convenio firmado con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el Ministerio de Defensa de Argentina aseguró que su cadena de provisión de indumentaria esté libre de trabajo infantil y forzado, cumpla con el trabajo registrado y la aplicación de las medidas correspondientes de higiene y seguridad. Después de las auditorías realizadas por profesionales del Programa de Compromiso Social Compartido del INTI, 41 empresas proveedoras del Ministerio -que operan con una red de 60 talleres- fueron habilitadas como proveedoras, previa evaluación y adecuación a los requisitos de ingreso al Programa.

El cambio producido en muchas de estas empresas ofreció al sector una clara señal de que es posible lograr competitividad trabajando de acuerdo a la legislación vigente. La Secretaría de la Función Pública, a través de la Oficina Nacional de Contrataciones trabaja en la implementación de la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables  con un Proyecto de Cooperación Técnica entre el MERCOSUR y el Gobierno Alemán. En 2007, se firmó un convenio entre esta secretaría y la de Ambiente y se esperan nuevos avances. La compra o contratación pública sustentable, es el proceso por el cual las organizaciones públicas realizan sus compras de bienes y servicios considerando, además de los aspectos económicos, los impactos que esos productos tienen en todo su ciclo de vida sobre el medio ambiente.

También son tenidos en cuenta aspectos sociales tales como los efectos sobre la equidad, condiciones laborales, erradicación de la pobreza y derechos humanos.

"Esta iniciativa también demostró que todos los actores involucrados (proveedores, empresas, talleres y trabajadores) pueden beneficiarse desde una distribución más justa en la cadena de provisión, en esta oportunidad, bajo la iniciativa de instituciones del Estado. Con estos avances se espera impulsar el consumo responsable, tanto en el ámbito público como privado, necesario para lograr un impacto que revierta la problemática del sector de indumentaria", informaron voceros del Ministerio.

El acuerdo firmado entre el Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de la Dra. Nilda Garré, y el titular del INTI, Ing. Enrique Martínez, en junio de 2007, generó numerosos cambios positivos en las condiciones de trabajo del sector indumentaria, a partir de la exigencia a sus proveedores de una Constancia de Adhesión al Programa INTI de Compromiso Social Compartido, como requisito para presentarse a las licitaciones convocadas por dicho Ministerio. A través de la visita, diagnóstico y posterior evaluación, el INTI aseguró ante el Ministerio la ausencia de trabajo infantil y de trabajo forzado, condiciones adecuadas de seguridad e higiene, y la formalización de los trabajadores en las empresas proveedoras de indumentaria. Naturalmente, las empresas auditadas que no cumplían con estos requisitos mínimos, no podían calificar para presentarse como proveedoras del Ministerio.

Esta medida tuvo repercusión entre los habituales oferentes de indumentaria. Por un lado, fue bien valorado por aquellas empresas integradas con procesos productivos internos y trabajadores registrados, al mismo tiempo que obligó a los demás proveedores -que realizan sólo algunos procesos y actúan como intermediarios-, a mejorar sus talleres de producción externa. La implementación de estas exigencias también precisó un límite concreto a los importadores, que compran en mercados externos sin garantías de cumplir los requisitos mínimos del Programa.
La compra o contratación pública sustentable, es el proceso por el cual las organizaciones públicas realizan sus compras de bienes y servicios considerando, además de los aspectos económicos, los impactos que esos productos tienen en todo su ciclo de vida sobre el medio ambiente.

También son tenidos en cuenta aspectos sociales tales como los efectos sobre la equidad, condiciones laborales, erradicación de la pobreza y derechos humanos.
Durante los primeros 18 meses de ejecución de este Programa, fueron registrados 200 trabajadores que estaban en situación de informalidad laboral; y 45 empresas/talleres realizaron mejoras importantes en las condiciones de seguridad e higiene. Las mejoras se concretaron en aspectos edilicios, de seguridad eléctrica y de riesgos de incendio; en el uso de elementos de protección personal; y en las condiciones de trabajo, tales como iluminación, espacios de trabajo, descanso y aseo.

En el transcurso de estos meses fueron adheridas al Programa 41 empresas y habilitados 60 talleres. Asimismo, el Programa adhirió a 2 empresas importadoras, las cuales pudieron presentarse en licitaciones con la misma exigencia que las nacionales, garantizando de este modo la igualdad de condiciones.

También se produjeron cambios positivos en el sector de calzado. Antes de la aplicación del acuerdo intervenían hasta cuatro intermediarios entre el Ministerio y el proceso de aparado -en el que se van uniendo mediante costuras las distintas piezas cortadas-, así como numerosos importadores que no podían demostrar el origen y las condiciones en que fueron elaborados sus productos. Las empresas no contaban con el proceso de aparado interno y los talleres se encontraban en condiciones de trabajo sumamente precarias. Después de la aplicación del Programa, se acortó la cadena de intermediarios y no hubo participación de importadores. A su vez, las empresas comenzaron a incorporar nuevamente el proceso de aparado, es decir, el armado completo de la pieza, y a exigirle a los talleres contratados la formalización de aparadores y mejoras en las condiciones de seguridad e higiene.

En tal sentido, se logró una distribución del precio más equitativa en la cadena y fueron registrados más de 50 operarios del rubro.
"Este esfuerzo interinstitucional compartido demostró el logro de la provisión, calidad y precio en las compras de indumentaria a través de la aplicación de un modelo de gestión que garantizó condiciones de producción dignas y seguras para la integridad física, moral y económica de los trabajadores. A la vez, el poder de compra del Estado se utilizó con responsabilidad social e inteligencia con el objetivo de mejorar la calidad no sólo de los productos sino de las relaciones de producción, en beneficio de trabajadores, productores y usuarios", afirmaron los responsables del

INTI
El convenio firmado en marzo de 2007 entre la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Ambiente contempla la creación de mecanismos que favorezcan el fomento de las Compras Sustentables en el Sector Público Nacional, la formación de recursos humanos calificados para su adecuada y efectiva instrumentación y la adopción de buenas prácticas como son el uso más eficiente de la energía, la optimización de los recursos, la minimización en la generación de residuos y el reciclaje. Desde el Estado Nacional se informó en aquel momento que se iba a impulsar  a comprar de manera sostenible promoviendo comprar a empresas que estén de acuerdo con la legislación ambiental, y se propuso como primer paso empezar por contratar papel libre de cloro.