A diez años de la última revisión de las Líneas Directrices de la OCDE (Directrices) para las Empresas Multinacionales (EMN) la pregunta inevitable es si las mismas han sido un instrumento útil normativo para prevenir la conducta irresponsable de las EMN. La respuesta lamentable e inexcusablemente es que no lo ha logrado. No obstante ello, se ha iniciado un proceso de revisión de las Directrices en el seno de la OCDE generando una nueva oportunidad para fortalecer las herramientas para la promoción de la conducta responsable de las EMNs.
Como se sabe las Directrices son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las EMN. Los 31 miembros de la OCDE y 11 países no-miembros (Argentina, Brasil, Egipto, Eslovenia, Estonia, Israel, Latvia, Lituania, Marruecos, Perú y Rumania) han suscrito las Directrices. Las Directrices enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable en terrenos como: publicación de informaciones, empleo y relaciones laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y fiscalidad.
OCDE Watch (OW) es una red de Organizaciones no Gubernamentales por todo el mundo que promueve la responsabilidad empresaria. En este contexto el monitoreo a las dinámicas de producción o revisión de instrumentos que promuevan esta responsabilidad es parte de la tarea que OW realiza.

OW ha vigilado la aplicación y eficacia de las Directrices de la OCDE en los últimos diez años e hizo un análisis de los casos presentados por organizaciones no gubernamentales contra las corporaciones basados en violaciones de las Directrices de la OCDE. Desde el primer caso presentado en el año 2001 hasta junio de 2010, un total de 96 casos han sido presentados por organizaciones no gubernamentales. Los tipos más comunes de violaciones que imputan incluyen los daños ambientales y violaciones de los derechos humanos en los países en desarrollo. Estas violaciones a menudo ocurren dentro de las cadenas de valor de grandes empresas multinacionales.
El mecanismo de difusión y promoción de cumplimiento que tienen las Directrices es el Punto Nacional de Contacto (PNC) que por lo general se compone por uno o varios representantes gubernamentales en cada país miembro o adherente de la OCDE. El PNC recibe las quejas contra las EMN por casos de posible violación de las Directrices. En general viendo la historia de los casos se puede evidenciar que rara vez el mismo ha contribuido a la solución de conflictos específicos. El análisis de OCDE Watch revela que la mayoría de los PNC han fracasado para promover las Directrices o en concientizar a las sociedades sobre la importancia del cumplimiento. Sólo 5 de los casos presentados por organizaciones no gubernamentales en el mundo en estos diez años se han traducido en mejoras reales en el comportamiento corporativo.

En Argentina solo se han presentado 5 casos y realmente no se ha contribuido en promover el cumplimiento de las Directrices y la conducta empresaria responsable. Los casos que han sido clasificados como de resolución positiva son los que han tenido acuerdo de las partes para su cierre. Estos casos son contra CARGILL y el caso contra ACCOR.
No obstante ello, los casos más importantes como los casos contra SKANSKA Y SHELL no tuvieron el tratamiento debido y esto se debe a la utilización de recursos que denota la fragilidad que poseen las Directrices y las pocas herramientas que poseen los PNC para poder investigar y mediar en los casos. En el caso de SKANSKA la empresa adujo violación a la confidencialidad y en el caso de SHELL se invocaron instancias legales paralelas que evitan poder tratar el tema en el ámbito del PNC Argentino. Asimismo, en este ultimo caso el PNC Argentino y el PNC Holandés realizaron trabajos de colaboración conjunta para el caso pero igualmente no se logro hacer sentar a la Empresa a la mesa de mediación que propone el PNC Argentino. Lo curioso de este caso es que Shell es una empresa angloholandesa y el Gobierno de Holanda y del Reino Unido son países que van a la vanguardia en el modelo de funcionamiento de los PNC, aun así la empresa no acepto sentarse a la mesa del PNC.

Las Directrices constituyen un cuerpo normativo que si bien es voluntario para las MNEs, tienen el valor agregado de ser consensuado por los Estados miembros de la OCDE y tener su apoyo. Pero como se ha dicho, no ha sido lo suficientemente eficaz para promover conducta empresarial responsable y esto se debe a diversas causas. Entre ellas se denotan la limitada competencia temática que tienen las Directrices particularmente con relación a los derechos humanos y las cadenas de valor; la falta de resultados, recursos y de confianza en el PNC; los altos costos de presentación y mantenimiento de la queja; la falta de consecuencias concretas o penalidades ante la comprobada violación a las Directrices y la falta de seguimiento en el cumplimiento de las recomendaciones que pueda haber realizado el PNC. 

En este sentido el proceso de revisión de las Directrices ofrece una oportunidad única para dar la vuelta de rosca necesaria para volver eficaz y útil este cuerpo normativo para promover conducta empresarial responsable.
Si bien las Directrices son un combinado único de estándares internacionalmente consensuados por los Estados miembros de la OCDE, y tienen un potencial de realizar contribuciones significativas para promover esta conducta, solo se tendrá éxito, será legitimado y se construirá confianza para la utilización del mecanismo, si el proceso de revisión refleja cambios genuinos, tanto en la sustancia como en el fortalecimiento del mecanismo procedimental de presentación de queja ante el PNC.