1. Reforzar la participación ciudadana la agenda de Derechos Humanos y Empresas.

El Instituto propone que la participación de los activistas y defensores de los DD.HH. no puede seguir siendo ignorada por las empresas.  “El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU ha expresado recientemente su preocupación por la detención de activistas y defensores de derechos humanos en Azerbaiyán. Michael Forst, Relator Especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, se unió a varios de sus colegas de la ONU para pedir al Gobierno de Tasmania en Australia retirar la legislación que tenía como objetivo castigar las protestas contra la silvicultura, la agricultura y la minería. Las empresas no pueden ignorar los activistas. Como parte de su debida diligencia, deben realizar evaluaciones de impacto en los derechos humanos, y para ello, se deben llevar a cabo intensas consultas a los interesados”, argumenta el Instituto. Insta a las empresas a empoderar a las organizaciones y comunidades para que su participación sea significativa. 

2. Superar las barreras que impiden el acceso a la remediación en materia de DD.HH.

Las víctimas de abusos a los DD.HH. deben poder confiar en que tendrán acceso a mecanismos de denuncia y remediación como el Punto de Contacto Nacional de la OCDE. El Instituto para los Derechos Humanos y Empresas argumenta que los últimos años ha habido grandes fallas en garantizar estos mecanismos, sobre todo cuando los delitos están fuera de la jurisdicción nacional. Varios estudios están en curso para profundizar la comprensión de las barreras de acceso a la justicia para activos internos y extraterritoriales e identificar medidas que los Estados deben tomar para cumplir con su deber de proteger a las víctimas de abusos contra los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha puesto en marcha un proceso destinado a crear un sistema más justo y eficaz de los recursos de derecho interno en casos de graves abusos. Se espera una actualización em 2015 del Estudio realizado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en 2014 que identifica barreras en 20 jurisdicciones distintas. También se espera la presentación de un instrumento jurídicamente vinculante para ejercer presión sobre los gobiernos para demostrar que están utilizando las leyes existentes o mostrar que están tomando medidas para cambiar las políticas y leyes para asegurar la protección de los DD.HH. 

3. Incrementar los esfuerzos para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y la trata de  personas de la cadena de suministro.

Para el Instituto ha quedado obsoleto el discurso de las empresas que alegan ignorancia de tales prácticas o falta de responsabilidad directa. Las empresas progresistas están tratando de establecer relaciones a largo plazo y trabajar en colaboración con sus proveedores para mejorar las prácticas ya que las responsabilidades se han extendido. Algunas empresas como HP están dejando de depender de las agencias de contratación, con el fin de evitar la posibilidad de que la trata o el trabajo forzado contamine su cadena de suministro. Otras como Coca Cola presentan sus propios principios rectores en DD.HH. para proveedores. El nuevo Protocolo del Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso acordó por unanimidad en junio de 2014,  hace referencia explícitamente al papel de las agencias de contratación. Después de la ratificación, el protocolo puede servir de base para la mejora de la legislación nacional para garantizar la protección de los trabajadores.

4. Fortalecer los Movimientos Sindicales

 Los cambios en la economía global han creado muchas oportunidades de empleo que no existían antes, pero también han traído consigo la precarización laboral. En algunas cadenas de suministro, los trabajadores están sometidos a condiciones de trabajo peligrosas o trabajo forzado u obligatorio. Los sindicatos se enfrentan a retos y nuevas barreras para reclutar, organizar y proteger a los trabajadores. Mientras el poder sindical ha disminuido en las últimas décadas, existen indicios de que los sindicatos están desarrollando nuevas formas de responder a los abusos corporativos. Están creando coaliciones de diferentes grupos para trabajar en temas de interés compartido. Un ejemplo es una campaña en el Reino Unido sobre el Salario Digno, que reúne dos sindicatos (Unite y Citizens UK) en una coalición más amplia para exigir mejores condiciones de pago para los trabajadores de hoteles de Londres. Otros crean federaciones de sindicatos como IndustriALL. Estas coaliciones permiten a los sindicatos a negociar con las grandes entidades comerciales en condiciones de mayor igualdad.

5. Proteger el derecho a la privacidad

 Las comunicaciones digitales han propuesto nuevos retos en cuanto a las prácticas de vigilancia de las agencias de inteligencia del gobierno. La comunidad de derechos humanos se ha opuesto a la recogida masiva de datos como una violación injustificada sobre el derecho a la privacidad con impactos adversos significativos sobre otros derechos, como la libertad de expresión, de reunión, información, y la participación política, entre otras.

El debate está aún lejos de haberse resuelto, pero las empresas TIC implicadas en la vigilancia están tomando medidas para restaurar la confianza del usuario. A raíz de una resolución de la ONU aprobada el año pasado sobre el derecho a la privacidad en la era digital, se establece que el marco legal de la vigilancia debe ser clara y accesible al público. La resolución también insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a considerar el nombramiento de un Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad.

6. Asegurar que el uso corporativo o la adquisición de tierras no menoscabe los derechos de los pequeños agricultores y las comunidades locales 

Con demasiada frecuencia, la adquisición de tierras y su uso por empresas resulta en impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades locales. En 2014 entraron en vigor nuevas leyes que establecen regulaciones para la adquisición de tierras y normas para la justa indemnización, la rehabilitación y el reasentamiento de las personas afectadas. Muchos otros países están considerando cambios en sus leyes de adquisición de tierras. Etiopía, Laos y Camboya son algunos de los países que aplican estas leyes.

En octubre de 2014, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) aprobó los Principios para la Inversión Responsable en Agricultura y Sistemas Alimentarios. Se basan en las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobada por el CSA en mayo de 2012. Varias empresas (PepsiCo, Coca-Cola y Nestlé) por su parte se han comprometido en 2014 con evitar el acaparamiento de tierras en sus cadenas de suministro. El Instituto espera que al igual que el movimiento de transparencia de los sectores de petróleo, gas y minería en relación a los contratos con los gobiernos, se promueva  un nuevo movimiento por la transparencia de los contratos agrícolas. 

7. Desarrollar Políticas y normas para abordar las Violaciones a los Derechos Humanos que se deriven de Evasión Fiscal y Financiera

Hoy en día, existen múltiples iniciativas y enfoques para luchar contra los flujos financieros ilícitos, incluidos los esfuerzos en curso de la OCDE, G-20 y G-8. En 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una guía para la transparencia y la propiedad efectiva, diseñada para prevenir el uso indebido de empresas, fideicomisos y otros tipos de personas jurídicas para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La OCDE también patrocinó un acuerdo para el intercambio automático de información fiscal, destinado a eliminar el secreto bancario y reducir el fraude fiscal internacional y la evasión. En 2014, el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA) inició una investigación dos años sobre un sistema financiero sostenible. El Instituto espera que el 2015 sea el año en el que se aborden las dimensiones de derechos humanos en los flujos financieros - legales e ilegales.

8. Luchar contra la violencia sexual en el lugar de trabajo 

Para el Instituto se trata de una de las violaciones a los derechos humanos más invisible. Durante 2014, más de dos tercios de los estados miembros de la ONU firmaron una declaración sobre la eliminación de la violencia sexual en el trabajo. El Instituto critica que la declaración no se hace referencia directa al papel de las empresas, y podría decirse que la violencia sexual en los conflictos relacionados con el negocio no ha recibido la atención requerida.

9. El sector privado deberá tener un nuevo rol en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) 

En 2015 las Naciones Unidas adoptará los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para trazar el rumbo de la agenda internacional de desarrollo para el año 2030. A diferencia de los objetivos del Milenio el rol del sector privado será más activo. Los nuevos objetivos reconocen la contribución del negocio al crecimiento económico y las innovaciones que fomentan la sostenibilidad.

10. Fortalecer los enfoques para implementar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos

Desde la aprobación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en 2011, gran parte del enfoque de los esfuerzos de implementación ha sido puesto en la creación de conciencia entre las empresas y en incentivos positivos alentadores para que actúen en sus responsabilidades. En 2015 el Instituto espera nuevos roles de los Estados para poner en práctica los Principios Rectores a través del desarrollo de los Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos. Los Estados deberán comenzar a rendir cuenta de la aplicación de los compromisos asumidos y los objetivos previstos. Esto incluirá la presentación de informes sobre los desafíos y lecciones aprendidas, así como planes claros para el Progreso de los próximos pasos en la mejora de la eficacia de las políticas, legislación, regulación y adjudicación para prevenir, investigar y dar cuenta de los impactos adversos de los derechos humanos relacionados con los negocios.