Los consumidores y empresas de República Dominicana exigen modelos de autorregulación de la RSE

28.04.2015 | América Latina

En la clausura del Primer Congreso de Buenas Prácticas y Autorregulación, Responsabilidad Social Empresarial y Práctica Autorregulatoria, el Instituto Pro Consumidor de República Dominicana y varias empresas nacionales exigieron que se fortalezcan los modelos de autorregulación y se involucre al sector proveedor en el cumplimiento de la ley 358.


El Instituto Pro Consumidor de República Dominicana y varias empresas nacionales plantearon la necesidad de que en el país se fortalezcan los modelos de buenas prácticas y la autorregulación para mejorar la confianza de los ciudadanos y consumidores.

La propuesta fue  hecha durante la clausura del Primer Congreso de Buenas Prácticas y Autorregulación, Responsabilidad Social Empresarial y Práctica Autorregulatoria, por las empresas participantes y la entidad defensora de los consumidores.

Durante dos días, con la participación de más de cien  personas, panelistas nacionales e internacionales expusieron diversos temas sobre responsabilidad social, buenas prácticas y autorregulación  con la finalidad de fortalecer las mejores acciones en la industria y el comercio de la  República Dominicana.

En un documento  que surgió como conclusión al Congreso se precisa que se debe "garantizar el cumplimiento irrestricto, mandatorio y responsable de todas las normas vigentes en materia de derecho de consumo que refieren a la calidad de bienes y servicios”.

La Directora de Pro Consumidor, Altagracia Paulino, dijo que el Congreso fue una iniciativa que buscó propiciar un acercamiento entre la institución y el sector proveedor con miras forjar normas comunes de buena prácticas para garantizar la equidad en las relaciones del mercado como manda la ley 358.

Los conferencistas y la titular de Pro Consumidor, coincidieron en reconocer que la responsabilidad social comienza con el cumplimiento de las leyes y entra por casa, por lo que es un compromiso del Estado y  las empresas privadas adoptar políticas que contribuyan a favorecer los consumidores.