Los gobiernos patagónicos van por más RSE

30.06.2011 | Contratapa

El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego impulsa el proyecto “La Responsabilidad Social, como forma de gestión”. El Concejo Deliberante de la ciudad de Bariloche, por su parte, aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que busca establecer un programa de responsabilidad social y ambiental empresaria que otorgaría un Certificado de Responsabilidad Social y Ambiental.


 

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lanzó el pasado miércoles 2 de junio, en Río Grande, el proyecto «La Responsabilidad Social, como forma de gestión. Una interpretación de la Ley 19.640 desde la perspectiva de la RSE».
El lanzamiento estuvo a cargo de la gobernadora Fabiana Ríos, quien recordó que la entrada en vigencia de la Ley de Promoción Industrial hace 38 años, "cambió definidamente la fisonomía de Tierra del Fuego, incidiendo en su desarrollo y poblamiento", pero dado el tiempo transcurrido se torna necesario llevar a cabo compromisos complementarios “en relación a la readecuación de los procesos productivos y a la incorporación de normas que hacen a la sustentabilidad, conceptos que en esa época no existían”.
La iniciativa se propone generar una mayor sinergia en la dinámica social, integrando al sector productivo con los jóvenes, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general; instalando en esos actores sociales conceptos y comportamientos propios del modelo de gestión de responsabilidad social. De esta manera, se pretende favorecer el desarrollo sostenible de la provincia y sensibilizar a la opinión pública sobre los alcances económicos y sociales que supone la promoción económica y fiscal.
El proyecto está financiado por el Consejo Federal de Inversiones y estará a cargo de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal y de la Secretaría de la Representación de Tierra del Fuego en Buenos Aires, y contará con la coordinación técnica de la consultora RSERigou.
La doctora María Rigou, que tuvo a su cargo la presentación del proyecto, explicó que  se apunta a integrar a diferentes sectores y se trabajará con estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Los jóvenes, apuntó Rigou, "permiten pensar en la transformación a mediano y largo plazo, las industrias que tienen actividad en la provincia son centrales en este proyecto por su relación directa con el desarrollo económico, mientras que las organizaciones sociales permitirán incrementar el grado de participación ciudadana".
Sandra Gárnica, secretaria de Representación Oficial de Tierra del Fuego en Buenos Aires agregó que la iniciativa se propone restablecer y fortalecer vínculos entre el sector estatal, el privado y las organizaciones de la sociedad civil”.
Se aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que busca establecer un programa de responsabilidad social y ambiental empresaria. El proyecto tuvo detractores y defensores.
- Reunión con Petroleras
Reunión con empresas petroleras
La secretaria de la Representación Oficial del Gobierno fueguino en Buenos Aires, Sandra Gárnica, se reunió este lunes con representantes de empresas petroleras, en el marco de la iniciativa del Ejecutivo provincial de desarrollar acciones para promover la Responsabilidad Social Empresaria en Tierra del Fuego. Por parte de las compañías que explotan hidrocarburos, asistieron a la sede porteña del gobierno fueguino Claudio Barone de Apache, Horacio Fernández de Total Austral y Matías Campodónico de ENAP- Sipetrol. También participaron Ricardo Saporiti, director de Capacitación de la Secretaría de Hidrocarburos, y  la titular de la Consultora RSE Rigou, que tiene a su cargo la coordinación y el apoyo profesional para el desarrollo del proyecto.
- RSE en Bariloche 
Con los votos negativos de los concejales Hugo Cejas, Laura Alves y Francisco De Césare, el Concejo aprobó el proyecto que propuso establecer el programa de responsabilidad social y ambiental empresaria.
El objetivo de la ordenanza es “promover un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la ciudad”. Designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Desarrollo Económico quien debería realizar anualmente un informe de situación donde se espera un detalle de las empresas de mayor relevancia económica. Por otra parte, deberá promover la difusión del concepto y generar ámbitos de intercambio al respecto.
El otro objeto es la implementación del Certificado de Responsabilidad Social y Ambiental (CRSA) para "promover un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la ciudad de San Carlos de Bariloche"
La propuesta del concejal del PPR, Daniel Pardo, fue largamente debatida en las comisiones de trabajo y obtuvo críticas de los ediles que evaluaron que no resulta aplicable.
El concejal de Sur, Hugo Cejas, manifestó que no está en contra del concepto en sí mismo pero no le encuentra la aplicación práctica. Señaló que se trata de una expresión de deseos y subrayó que no ve la finalidad de la norma que no genera obligaciones específicas para el sector empresarial “ni su aplicación práctica, ni beneficio alguno para la Municipalidad o el consumidor”.
En  consonancia con Cejas, la edil de la Concertación Laura Alves, afirmó no ver “una contrapartida práctica”. “No está previsto que este proyecto comience a andar porque no prevé las herramientas” expresó y manifestó no estar de acuerdo en que solo se le exija aplicar la norma al Estado. “No creo que las empresas vayan a cambiar solo con una expresión de deseo. Coincido con las expectativas y la intención pero no lo voy a acompañar”, definió.
Pardo reivindicó la necesidad de instalar el concepto de responsabilidad social y ambiental en la ciudad y afirmó que “no importa si pasan 100 años”. “Las ordenanzas también están para eso, para atravesar el tiempo y que se apliquen sin artificios y con responsabilidad”. El edil señaló a Bariloche 2000 que el principio impide establecer obligaciones porque la intención es generar conciencia y cambios voluntarios. Al respecto expresó que el camino “es el menos espectacular” pero busca generar cambios de fondo.
A favor del proyecto se manifestó, entre otros, Arabela Carreras quien expresó que se trata de “un comienzo” y “una semilla”. “Mi experiencia me indica que es posible que las empresas adhieran al concepto de responsabilidad social y de hecho ya hay empresas que lo aplican sin que se haya aprobado la ordenanza” afirmó y agregó al mismo medio que es importante el compromiso de la Municipalidad en ese sentido.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur lanzó el pasado miércoles 2 de junio, en Río Grande, el proyecto «La Responsabilidad Social, como forma de gestión. Una interpretación de la Ley 19.640 desde la perspectiva de la RSE».
El lanzamiento estuvo a cargo de la gobernadora Fabiana Ríos, quien recordó que la entrada en vigencia de la Ley de Promoción Industrial hace 38 años, "cambió definidamente la fisonomía de Tierra del Fuego, incidiendo en su desarrollo y poblamiento", pero dado el tiempo transcurrido se torna necesario llevar a cabo compromisos complementarios “en relación a la readecuación de los procesos productivos y a la incorporación de normas que hacen a la sustentabilidad, conceptos que en esa época no existían”.

La iniciativa se propone generar una mayor sinergia en la dinámica social, integrando al sector productivo con los jóvenes, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general; instalando en esos actores sociales conceptos y comportamientos propios del modelo de gestión de responsabilidad social. De esta manera, se pretende favorecer el desarrollo sostenible de la provincia y sensibilizar a la opinión pública sobre los alcances económicos y sociales que supone la promoción económica y fiscal.
El proyecto está financiado por el Consejo Federal de Inversiones y estará a cargo de la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal y de la Secretaría de la Representación de Tierra del Fuego en Buenos Aires, y contará con la coordinación técnica de la consultora RSERigou.

La doctora María Rigou, que tuvo a su cargo la presentación del proyecto, explicó que  se apunta a integrar a diferentes sectores y se trabajará con estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Los jóvenes, apuntó Rigou, "permiten pensar en la transformación a mediano y largo plazo, las industrias que tienen actividad en la provincia son centrales en este proyecto por su relación directa con el desarrollo económico, mientras que las organizaciones sociales permitirán incrementar el grado de participación ciudadana".
Sandra Gárnica, secretaria de Representación Oficial de Tierra del Fuego en Buenos Aires agregó que la iniciativa se propone restablecer y fortalecer vínculos entre el sector estatal, el privado y las organizaciones de la sociedad civil”.
Se aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza que busca establecer un programa de responsabilidad social y ambiental empresaria. El proyecto tuvo detractores y defensores.

- Reunión con Petroleras
Reunión con empresas petrolerasLa secretaria de la Representación Oficial del Gobierno fueguino en Buenos Aires, Sandra Gárnica, se reunió este lunes con representantes de empresas petroleras, en el marco de la iniciativa del Ejecutivo provincial de desarrollar acciones para promover la Responsabilidad Social Empresaria en Tierra del Fuego. Por parte de las compañías que explotan hidrocarburos, asistieron a la sede porteña del gobierno fueguino Claudio Barone de Apache, Horacio Fernández de Total Austral y Matías Campodónico de ENAP- Sipetrol. También participaron Ricardo Saporiti, director de Capacitación de la Secretaría de Hidrocarburos, y  la titular de la Consultora RSE Rigou, que tiene a su cargo la coordinación y el apoyo profesional para el desarrollo del proyecto.

- RSE en Bariloche 
Con los votos negativos de los concejales Hugo Cejas, Laura Alves y Francisco De Césare, el Concejo aprobó el proyecto que propuso establecer el programa de responsabilidad social y ambiental empresaria.
El objetivo de la ordenanza es “promover un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la ciudad”. Designa como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Desarrollo Económico quien debería realizar anualmente un informe de situación donde se espera un detalle de las empresas de mayor relevancia económica. Por otra parte, deberá promover la difusión del concepto y generar ámbitos de intercambio al respecto.
El otro objeto es la implementación del Certificado de Responsabilidad Social y Ambiental (CRSA) para "promover un comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las empresas que ejerzan su actividad en la ciudad de San Carlos de Bariloche"

La propuesta del concejal del PPR, Daniel Pardo, fue largamente debatida en las comisiones de trabajo y obtuvo críticas de los ediles que evaluaron que no resulta aplicable.
El concejal de Sur, Hugo Cejas, manifestó que no está en contra del concepto en sí mismo pero no le encuentra la aplicación práctica. Señaló que se trata de una expresión de deseos y subrayó que no ve la finalidad de la norma que no genera obligaciones específicas para el sector empresarial “ni su aplicación práctica, ni beneficio alguno para la Municipalidad o el consumidor”.
En  consonancia con Cejas, la edil de la Concertación Laura Alves, afirmó no ver “una contrapartida práctica”. “No está previsto que este proyecto comience a andar porque no prevé las herramientas” expresó y manifestó no estar de acuerdo en que solo se le exija aplicar la norma al Estado. “No creo que las empresas vayan a cambiar solo con una expresión de deseo. Coincido con las expectativas y la intención pero no lo voy a acompañar”, definió.

Pardo reivindicó la necesidad de instalar el concepto de responsabilidad social y ambiental en la ciudad y afirmó que “no importa si pasan 100 años”. “Las ordenanzas también están para eso, para atravesar el tiempo y que se apliquen sin artificios y con responsabilidad”. El edil señaló a Bariloche 2000 que el principio impide establecer obligaciones porque la intención es generar conciencia y cambios voluntarios. Al respecto expresó que el camino “es el menos espectacular” pero busca generar cambios de fondo.
A favor del proyecto se manifestó, entre otros, Arabela Carreras quien expresó que se trata de “un comienzo” y “una semilla”. “Mi experiencia me indica que es posible que las empresas adhieran al concepto de responsabilidad social y de hecho ya hay empresas que lo aplican sin que se haya aprobado la ordenanza” afirmó y agregó al mismo medio que es importante el compromiso de la Municipalidad en ese sentido.