“Los dirigentes mundiales deben comprometerse a mantener los sistemas y tecnologías de vigilancia invasiva lejos de las manos de dictadores y regímenes opresivos.” Así lo ha manifestado la coalición global de organizaciones de derechos humanos denominada The Coalition Against Unlawful Surveillance Exports (CAUSE). 

La Coalición busca que los gobiernos y las empresas privadas rindan cuentas de los abusos relacionados con los 5 billones de dólares obtenidos de aplicar sistemas de vigilancia. Los gobiernos recurren cada vez más al uso de software, equipos y herramientas de espionaje para violar el derecho a la privacidad y un sinfín de derechos humanos más.

Los miembros de la coalisión son Amnistía Internacional, Digitale Gesellschaft, FIDH, Human Rights Watch, el Instituto de Tecnología Abierta de la Fundación New America, Privacy International y Reporteros sin Fronteras.

“La coalición CAUSE ha documentado casos en los que las tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia se han utilizado no sólo para espiar la vida privada de la gente, sino también para ayudar a gobiernos a encarcelar y torturar a quienes los critican”, ha manifestado Ara Marcen Naval, coordinadora de relaciones institucionales sobre control de armas, comercio de seguridad y derechos humanos de Amnistía Internacional.  

En una carta abierta publicada hoy en el sitio web de CAUSE, las organizaciones expresan su alarma por la ausencia total de regulación respecto al comercio global de materiales de comunicación aplicados a la vigilancia.

El sitio web expone con detalle las distintas tecnologías de la comunicación aplicadas a la vigilancia que han sido fabricadas y suministradas por empresas privadas, y también destaca los países en los que tienen su sede esas empresas. Según muestra, se han encontrado estas tecnologías en una diversidad de países, tales como Bahréin, Brasil, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Libia, Nigeria, Marruecos, Turkmenistán y muchos más. 

Aunque varios gobiernos están empezando a debatir la manera de restringir este comercio, la preocupación persiste. Sin una presión internacional sostenida para que los gobiernos establezcan controles sólidos y exhaustivos a este comercio, basados en las normas internacionales de derechos humanos, la floreciente proliferación de esta tecnología intrusiva continuará, y alimentará aún más abusos.