En el documento, los firmantes reconocen los avances implementados en los últimos años, en el sistema de administración pública, con la aprobación de la Ley de Sociedades Limpias (LEL). Sin embargo, advierten que la LEL debe ser regulada para no dejar vacíos legales, por ejemplo, la imposición de multas, la adopción de cumplimiento por parte de las empresas y la celebración de acuerdos de indulgencia.

Al final de la carta, las autoridades también afirman que la promulgación del decreto que regule la ley deberá ser "comunicado claramente a la sociedad y al mercado y que la Presidencia deberá dar relevancia fundamental a la fase más importante de cualquier ley: su aplicación efectiva."

La entrada en vigor de la Ley fue el 29 de enero de 2014, y aún no ha sido reglamentada por la Presidencia.

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