La auditoría se enmarca en el compromiso de Pepsico de tolerancia cero con la apropiación de tierras por cualquier actor de su cadena de suministro. El compromiso responde a la campaña “Detrás de las marcas” de Oxfam que insta a grandes empresas a influir sobre su cadena de valor para evitar la apropiación ilegal de tierras.

En Brasil, como en muchos países de todo el mundo, las empresas proveedoras a veces adquieren tierras de comunidades sin su consentimiento y sin ofrecer una compensación adecuada. Oxfam ha documentado muchos casos en que las familias, que habían estado viviendo en esas tierras durante generaciones, perdieron sus hogares, sus cultivos, y la fuente de sus medios de vida. Uno de estos casos se trataba de un proveedor de PepsiCo llamado Usina Trapiche, un ingenio azucarero en el estado brasileño de Pernambuco. En un informe de 2013, Oxfam documenta cómo Trapiche había invadido y aprobiado tierras que eran propiedad de comunidades originarias, destruyendo casas y granjas, y obligando a 53 familias a huir del manglar que habitaban.

La Política de derechos a la tierra de PepsiCo tiene como objetivo asegurar que la compañía ayuda a prevenir y tratar este tipo de conflicto. En teoría, una auditoría sobre la apropiación de la tierra debería ser un paso hacia ese objetivo, la identificación de los proveedores que suponen un riesgo para los derechos de las comunidades.

Pero Oxfam critica la auditoría de PepsiCo por quedarse corta y solo alcanzar al 20% de sus proveedores en Brasil (3 molinos). Oxfam va a hacer un análisis más detallado de los resultados de PepsiCo en los próximos meses.

Oxfam pide que la empresa realice una auditoría más grande y variada de molinos, seleccionado, en parte, aquellos con riesgo para las personas.

Oxfam reconoce como logro que PepsiCo consultara a la FUNAI en su auditoría, la agencia brasileña para los pueblos indígenas. Pero recomienda incluir consultas a aquellas comunidades que no están enmarcadas en esta agencia.