El Congreso de la República de Colombia abrió sus puertas al sector privado, académico y organizaciones no gubernamentales para dialogar y reflexionar sobre iniciativas que promueven un comportamiento socialmente responsable  El objetivo que se propuso fue promover conciencia sobre los beneficios que traería a sus naciones la incorporación de lineamientos de RS en la gestión cotidiana del legislativo para la toma de decisiones.

El primer día estuvo orientado al propósito de alinear y sensibilizar a la audiencia en torno a la evolución de la responsabilidad social, así como las tendencias mundiales en la materia, con el fin de lograr visualizar el rol del Congreso como promotor de la responsabilidad social para el desarrollo próspero y sostenible de la nación. “El desarrollo integral y el fortalecimiento institucional del Poder Legislativo depende de su capacidad de administrar recursos estratégicos, como el conocimiento, la información y el recurso humano calificado, para construir una gobernabilidad democrática”, así lo afirmó Moises Benamor, Coordinador de la Unidad de Apoyo a Instituciones Legislativas SAP/OEA.  

Italo Pizzolante, Presidente del Consejo Directivo de PIZZOLANTE Comunicación Estratégica, resaltó el carácter voluntario de la RSE y compartió ejemplos de estímulos que pueden incluirse en la legislación para la promoción del comportamiento socialmente responsable: “La responsabilidad social comienza donde termina la ley, y por ello debe surgir de nosotros mismos y de nuestra consciencia”.  

En la tarde del mismo día, el Congreso abrió sus puertas al sector privado, académico y organizaciones no gubernamentales para llevar adelante una mesa de diálogo como punto de partida para reflexionar en torno a iniciativas que promueven un comportamiento socialmente responsable.

Durante el encuentro, se intercambiaron ideas con respecto a oportunidades para la formulación de alianzas público-privadas en Colombia, al igual que el rol que cada sector debe asumir para generar incentivos en esta materia, sentando las bases para estrechar relaciones de sinergia entre ellos.

Según Simón Gaviria, Representante de la Cámara, “los legisladores por esencia son socialmente responsables. Iniciativas como éstas no sólo permiten actualizar nuestros conocimientos en materia de mejores prácticas de Responsabilidad Social a nivel nacional e internacional, sino que vislumbran una oportunidad para que el sector privado, público y sociedad civil puedan encontrarse y trabajar en conjunto hacia esa visión”. Con este mismo sentimiento, el Presidente del Congreso, Armando Benedetti, aplaudió la construcción de este diálogo abierto con actores sociales, debido a la importancia que exige el entorno de construir un desarrollo colombiano más incluyente.  
Desde el sector privado, se reconoció la importancia y utilidad de este tipo de espacios para conocer los avances de las iniciativas privadas en la materia, al igual que trabajar en conjunto con el sector público para que se generen incentivos hacia empresas socialmente responsables, alineadas con principios reconocidos internacionalmente que fomenten la competitividad.  

Un ejemplo de ello, fue el compartido por Genevieve Des Rivieres, Embajadora de Canadá en Colombia, quien explicó que el Gobierno Canadiense tiene una política clara de RSE que busca promover un buen comportamiento de las empresas canadienses en el extranjero que reflejen los valores y compromisos de Canadá a nivel internacional.  

Entendiendo que la filosofía de RSE resulta transversal a los sectores privado y público, y que se considera un elemento innovador en la estrategia de negocios de las empresas para aumentar la competitividad, Zakaria El Goumiri, Gerente de Responsabilidad Social Empresarial y de la Red de Cooperación de las Américas (SEDI/OEA), reafirmó que aunque existe hoy mayor claridad y consenso respecto a la definición de la RSE, todavía se requiere de mayor sensibilización y diálogo entre las partes interesadas acerca de los alcances y beneficios de este concepto.

Por este motivo, enfatizó el compromiso de la Organización de Estados Americanos para multiplicar esta iniciativa a más parlamentos de la región. Las experiencias de esta fase piloto se compartirán en el próximo Foro del Sector Privado de las Américas, en el marco de la Asamblea General de la OEA a celebrarse en junio en El Salvador.

Según pudo averiguar este medio, la próxima reunión será en junio, en el Parlamento de la República Oriental del Uruguay. 

Antecedentes del Proyecto 

Costa Rica fue el país piloto de este proyecto, conocido regionalmente  como  “La Responsabilidad Social y la Gestión Parlamentaria en América Latina”. Esta iniciativa, primera de su naturaleza, también se replicó en una primera fase en Colombia y próximamente en Uruguay. 

El proyecto nació de la resolución “Promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas en el Hemisferio” adoptada en la Asamblea General de junio de 2010 en Lima-Perú, que insta a los Gobiernos de los Estados Miembros a que promuevan programas e iniciativas sobre la responsabilidad social de las empresas, con especial énfasis en sus respectivas cadenas de valor, y sobre participación de la comunidad, para que adquieran mayores conocimientos sobre los actuales principios voluntarios y lineamientos reconocidos internacionalmente. 

De esta forma, se buscó fomentar el involucramiento del sector público, fundamental en la promoción de una agenda interna de responsabilidad social empresarial que se encuentre alineada con una estrategia regional y global de desarrollo, en donde se vinculen temas sociales, ambientales y de ventajas competitivas.

Los gobiernos tienen un rol fundamental en garantizar unos mínimos estándares legales que garanticen el correcto funcionamiento de los mercados, con incentivos que favorezcan la competitividad global sostenible de las empresas y permitan que éstas de manera individual y voluntaria determinen su visión de acuerdo a la naturaleza de sus negocios y los impactos que generen. 

Esta visión ha sido reafirmada luego de una continua interacción con los gobiernos de los estados miembros, a través de mesas de diálogo en México, Perú y Chile en donde representantes del sector privado, academia, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil discutieron que para avanzar con el desarrollo sostenible del hemisferio, era necesario un entorno institucional con políticas públicas sostenibles que definan el desarrollo económico de cada país.