Penados por contratar indocumentados
Tres ex gerentes de una fábrica de plataformas de carga se declararon el martes culpables de contratación de inmigrantes indocumentados. La medida surge 10 meses después de una serie de allanamientos en 26 estados del país contra empresas que contratan a inmigrantes indocumentados a fin de obtener mano de obra barata. El ejecutivo de IFCO Systems, empresa con sede en Holanda, James Rice, se declaró culpable de conspirar para emplear a inmigrantes ilegales. Podrían encarar de 18 a 24 meses de cárcel y 250.000 dólares de multa.
Darío Salvano y Scott Dodge se declararon culpables cada uno de una infracción. Dodge era capataz de una fábrica de IFCO en las afueras de Albany, la capital de Nueva York, donde Salvano era subgerente general.
El ex director general de la planta de IFCO en Albany, Robert Belvin, se declaró culpable de dos delitos de conspiración. Michael Ames, gerente general de la planta de IFCO en las afueras de Boston, se declaró culpable de una falta por haber contratado indocumentados.
En abril, más de mil 100 personas fueron detenidas por violaciones administrativas de la ley de inmigración en más de 40 plantas de IFCO en todo Estados Unidos.
En aquel entonces, el Departamento de Seguridad Interna dijo que las redadas fueron parte de una campaña para reducir la inmigración ilegal al centrar los esfuerzos en los patronos que les daban trabajo. El secretario del Departamento, Michael Chertoff, prometió aplicar "todo el peso de la ley" a los transgresores.
IFCO tuvo beneficios de 108 millones de dólares en el 2006 con ingresos de 647 millones de dólares.
Más de las mitad de los 5 mil 800 empleados de la empresa en el 2005 tenían números de la Seguridad Social inválidos o incompletos, dijo el gobierno cuando fueron efectuadas las redadas.
El caso comenzó después de recibir las autoridades una confidencia de que los empleados de IFCO en Guilderland, un suburbio de Albany, fueron vistos cuando rompían sus declaraciones salariales fiscales porque no pensaban declarar sus ingresos, dijeron los funcionarios federales.
La fiscal federal adjunta Tina Sciocchetti dijo que Rice y Belvin podrían encarar de 18 a 24 meses de cárcel y 250.000 dólares de multa. Los otros podrían recibir hasta seis meses de cárcel y multas de 3 mil dólares por cada uno de los indocumentados contratados.
Sin embargo, su cooperación con las autoridades podría reducir sus penas, indicó la fiscal adjunta al matutino El Reportero. Serán sentenciados en junio.