El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de Salud, Armando Ahued, otorgaron a Coca Cola el reconocimiento de “Organización Saludablemente Responsablemente” 2013.

La organización social mexicana El Poder del Consumidor cuestiona el reconocimiento por desconocer las recomendaciones de diversos organismos de salud de reducir el consumo de gaseosas por considerarse un producto que contribuye significativamente a la obesidad y la diabetes.

“El gobierno del Distrito Federal, con este acto, muestra su total sometimiento a las estrategias de la industria refresquera y procesadora de alimentos no sólo de evitar que se implementen políticas públicas efectivas para prevenir la obesidad y la diabetes sino también para ayudar a promocionar su imagen de industria responsable cuando la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y las principales publicaciones científicas en salud señalan a estas empresas como responsables de la epidemia de obesidad y diabetes y responsables de bloquear e impedir el desarrollo de políticas públicas que protejan la salud de la población”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor .

El Informe de sustentabilidad 2012 de Coca Cola México publica una reducción del 20% del total de calorías por porción respecto del año 2000 y afirma poseer un portfolio con un 40% de bebidas bajas en calorías. Asimismo informa que se incluyeron en sus etiquetas y  empaques las “Guías diarias de Alimentación” con información sobre el contenido calórico y nutrimental de sus productos.

Sin embargo, la organización social El Poder del Consumidor sostiene que tanto la Academia Nacional de Medicina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Relator de Naciones Unidas, como las organizaciones agrupadas en la Alianza por la Salud Alimentaria han reconocido que las gaseosas son un elemento dañino para la salud, aún en sus versiones light.

Una polémica se ha iniciado en este sentido por definir el rol de las bebidas gaseosas en la salud y las responsabilidades de la empresa en los índices de diabetes y obesidad. 

Coca Cola ha venido trabajando en el concepto del balance energético que se refiere a tener un equilibrio entre las calorías que se consumen y las que se gastan y a implementado diversas iniciativas de orientación alimentaria y actividad física.  Además ha elaborado el NutriKit®, una herramienta que sirve como guía para llevar una alimentación correcta.

Pese a esto las organizaciones sociales cuestionan a Coca Cola no solo por su aporte a los problemas de salud sino también por ser obstaculizadora de políticas públicas a favor de la salud alimentaria. Se menciona como ejemplo la oposición de Coca Cola a los lineamientos para alimentos y bebidas dentro de las escuelas presentados en 2010 a los que la empresa calificó de anticonstitucionales.

Al respecto Coca Cola informa que cuenta con una Política de Mercadotecnia Responsable que establece que la empresa no dirige mensajes publicitarios a niños menores de 12 años ni anuncian sus productos en programas infantiles y una Política de Venta de Productos en Escuelas que sostiene que no se ofrecen productos Coca Cola en escuelas primarias, “a menos que padres de familia o autoridades escolares lo soliciten, en cuyo caso ofrecemos sólo los autorizados bajo los lineamientos de venta de productos.”

Se le suman cuestionamientos de otras entidades como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). Alma Meneses del área de Legislación y Políticas Públicas de la Red declaró: “Reiteramos que el principio de interés superior del niño debe de ser respetado y garantizado en todas las prácticas gubernamentales y no puede estar supeditado al interés de los particulares. El otorgamiento de reconocimientos a través de alguna de sus Secretarías o funcionarios también constituye un acto gubernamental, por lo que uno de los criterios para poder otorgar este premio debería ser que la práctica o institución a quien se está otorgando este reconocimiento cumpla con el principio constitucional referido”.

La organización El Poder del Consumidor no se queda en la crítica. En 2012 propuso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Miembros de la Alianza por la Salud Alimentaria, reducir el consumo de refrescos a través de impuestos. "Aplicar un impuesto del 20% al refresco daría recursos superiores a los $20,000 millones de pesos", calcula el Instituto Nacional de Salud Pública. La organización propone utilizar un 10% de lo recaudado para instalar bebederos de agua en todas las escuelas.