En este sentido, se propone, en cuanto al programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable, que los beneficios para las empresas que contraten jóvenes con discapacidad tengan en cuenta su diversa posición en el mercado laboral.

“Las personas con discapacidad, por un lado, se incorporan al mercado laboral más tarde que la población laboral, debido a las dificultades que presentan su proceso de escolarización y formación; y, por otro, el periodo de inclusión laboral es más prolongado y sometido a mayores barreras que en el caso de las personas sin discapacidad”, señala el CERMI.

Así, continúa, “esta realidad ya ha sido reconocida en otras normas laborales”, ya que en el caso de los trabajadores con discapacidad, “realizar un contrato en prácticas, el periodo máximo habilitante desde la obtención de la titulación es más prolongado; en cuanto a los contratos para la formación, el límite máximo de edad no existe; y las bonificaciones sobre cuotas a Seguridad Social no tiene límites de edad”.

En cuanto al programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, el CERMI pretende introducir una excepción a las limitaciones establecidas para acceder a este programa. “El grupo al que se aplicaría esta excepción, que debe ver extinguida la prestación o subsidio, serían las personas con discapacidad con especiales dificultades de inclusión laboral, que precisan de un refuerzo en las ayudas, pero que su impacto sobre el gasto presupuestado va a ser muy reducido, pero, a la vez, muy alto sobre las oportunidades de inclusión laboral”, indica.

En relación a las acciones de mejora de la empleabilidad que combinen actuaciones de orientación profesional y formación para el empleo, el CERMI plantea añadir la mención a las personas con discapacidad. “Esta estrategia es coherente con la Estrategia Global de acción para el empleo de las personas con discapacidad 2008-2012, así como con la Estrategia Europa 2020, en la que se resalta la necesidad de luchar contra la discriminación en este ámbito”, asegura el Comité.

Para ello, “será necesario establecer los objetivos cuantitativos y cualitativos prioritarios, acomodables a las disponibilidades presupuestarias”. Según la Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Presidencia, en su evaluación de política de bonificaciones destinadas a personas con discapacidad (2009), “uno de los elementos más importantes en la inserción laboral es la intermediación laboral, así como que cuando la vía más usada por los empresarios es el servicio público de empleo, la contratación de personas con discapacidad aumenta”.

En materia de bonificación en las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores con discapacidad que se establezcan como autónomos, el CERMI propone mejorarla, incrementándola del 50% al 75% en el caso de los hombres, y al 90% en el caso de las mujeres; aplicarla sobre la base de cotización que realmente se aplique y no sólo sobre la mínima; y hacerla indefinida.

“El régimen aplicable a las personas con discapacidad debe mejorarse, dada la desigualdad que tiene este grupo social en el mercado de trabajo, en relación a la población en general, menor tasa de empleo y mayor tasa de desempleo”, añade.

Por otra parte, el CERMI propone la equiparación legal de las personas con inteligencia límite a las personas con discapacidad a efectos de su inclusión laboral, para que “puedan disfrutar de las medidas de acción positiva en el orden laboral y de acceso al empleo”.

En relación a los Centros Especiales de Empleo (CEE), el CERMI propone ampliar un año más el periodo de vigencia de la ampliación transitoria de la ayuda al mantenimiento de trabajo en los CEE ocupados por personas con discapacidad con especiales dificultades, “teniendo en cuenta que durante el periodo 2011-2012 van a continuar las dificultades financieras y económicas”.

Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad y la información estadística sobre las personas con discapacidad, los contratos realizados en los CEE en el año 2010 han sido 39.331, un 29,20% más que los 30.442 realizados el año anterior, “lo que atestigua el impacto positivo de esta medida e indica que estos centros están, en parte, sosteniendo el empleo de las personas con discapacidad, sometido a importantes tensiones como consecuencia del importante proceso de destrucción de empleo en la economía española”.