El pasado 1 de octubre de 2013 se conocieron las “Directrices sobre Políticas y Prácticas de remuneración (MiFID)”, que se aplicarán a partir del 1 de febrero de 2014 a nivel europeo. Estas directrices buscan mejorar la protección del inversor ya que refuerzan la correcta gestión de los conflictos de interés y la aplicación del deber de actuación en interés del cliente en el ámbito de las retribuciones al personal señalando las pautas que contribuyen a crear incentivos apropiados y ayudan a prevenir situaciones de ventas inadecuadas.

En particular, se recogen los criterios  que las entidades deberán tener en cuenta en el diseño, implantación y control de los sistemas de remuneración al personal en contacto con la clientela o con un impacto significativo en el servicio prestado. 

Las nuevas directivas adaptadas ahora al mercado español fijan que cuando la remuneración total o parcial sea variable y se establezca en función del  volumen de ventas será necesario que los parámetros de determinación de la remuneración se basen adicionalmente en criterios cualitativos que permitan alinear los intereses de la entidad/empleado con los del cliente y no incentiven criterios cortoplacistas y en único interés de los primeros en detrimento de los últimos.