Y hay que empezar a considerar que otros actores entrarán en escena activamente, justamente tomando la crisis como argumento principal. Tres síntomas de ello: la reciente declaración del board del GRI, la petición al presidente Obama para que cree una agencia dedicada a la RSE o la última nota de la Comisión Europea reiterando que la RSE sigue siendo una prioridad en la crisis económica actual.

Y no me parece mal, al contrario, el retorno de la política, también en lo que se refiere a la RSE. (Un retorno de la política, por cierto, que creo incompatible con el retorno o el mantenimiento de ciertos políticos).
Ahora bien, el posible retorno al discurso político en RSE ya no podrá ser un mero calco del que teníamos hace un par de años.

Porque la credibilidad de este discurso se vinculará cada vez más a que, quien quiera protagonizarlo, dé cuenta también de cómo se lo aplica a sí mismo. Especialmente en lo que se refiere a dos aspectos cruciales.
En primer lugar, no debemos olvidar que, en grados distintos, en todos los gobiernos europeos que llevan a cabo políticas de RSE –también en España- está más o menos pendiente un diálogo interior entre los diversos ministerios afectados, especialmente entre Economía y Trabajo (y/o Asuntos Sociales), a los que, según los países, cabe añadir Medio Ambiente.

Esta necesidad es tal que en algunos países los expertos hablan directamente de la existencia de una política dual de RSE, en función de los ministerios que impulsan su agenda. Aparentemente, se diría que aquí se da una cierta analogía con la gestión de la RSE en las empresas, cuya aproximación a la RSE ya queda claramente retratada, simplemente, constatando la ubicación, la denominación y las competencias que se asignan en el organigrama de la empresa al departamento responsable de la política de RSE.

Pero en el caso de los gobiernos creo que esta analogía no es totalmente adecuada. Porque la pregunta principal no es dónde deben estar asignadas la responsabilidades políticas (aunque es obvio que ésta no es una cuestión baladí) sino algo previo: si el gobierno tiene voluntad y determinación de tener una visión política propia con relación a la RSE, y si el desarrollo de esta política es estrictamente del gobierno, o solo del ministerio donde está alojada. Y, en último término, si denominan "política" a convertir la reverberación de algunos espasmos mediáticos en agenda pública. Porque si algo no necesita hoy la RSE es que sea percibida por las empresas como fuente de problemas, y no como fuente de soluciones.

Y, en segundo lugar, si los políticos quieren hablar de RSE y de impulsarla, cada vez menos podrán escurrir el bulto, y deberán dar cuenta de cómo se aplican a sí mismos (a los propios partidos en tanto que organizaciones, y a las administraciones publicas en tanto que gobernantes) los mismos principios que requieren a las empresas.
Si la RSE comporta transparencia, rendición de cuentas o diálogo con los stakeholders, difícilmente podrá exigirla quien no se aplique a sí mismo los mismos parámetros. Parámetros que incluyen cosas tan prosaicas como como la coherencia con la leyes de inclusión o de igualdad… o realizar los pagos en un plazo razonable de tiempo.

Pero nada de lo anterior debe postergar por más tiempo la pregunta central: ¿habrá una política propia y específica de RSE por parte del gobierno, o no? ¿Podemos limitarnos a hacer hoy conciliación, mañana GRI, y pasado inversión socialmente responsable? ¿Política desde un ministerio, o política de un ministerio? ¿Política de RSE, o RSE en las políticas de todos los ministerios implicados? ¿Política de RSE orientada desde el gobierno o política de RSE orientada hacia la gobernanza? Preguntas que valen tanto para el gobierno del central como para los autonómicos.

Como criterio general (y, por tanto, como simplificación excesiva) hace tiempo que sostengo que la RSE requiere menos regulación y más política. Creo que –en general, pero también para la RSE- vienen tiempos en los que se requerirá un enfoque de los retos que tenemos planteados más en clave de visión política que de gestión administrativa: aunque ambas son necesarias, la primera es imprescindible.

Y entre estos retos está el asumir definitivamente que la RSE en términos políticos debe incardinarse explícitamente en una agenda económica, social, ambiental e internacional. Agenda que es responsabilidad del gobierno, y que no puede ser sustituida por un destilado multistakeholder, en la medida que cada vez es más conveniente hablar también de la responsabilidad del liderazgo político.

Pero, sin afán de jugar a pitoniso, me atrevo augurar que el retorno de la política a los temas de la RSE nos llevará a corto plazo a consolidar dos discursos muy distintos bajo la misma etiqueta de RSE: por una parte, una RSE que trate de los acuerdos mínimos –y las prácticas y regulaciones correspondientes- orientados a lo que se pretende incorporar, de hecho, a la actividad empresarial, tanto si las empresas lo hacen con conciencia de RSE como si no.

Y, por otra, una RSE como discurso que expresa una voluntad de excelencia e innovación empresarial, válido para empresas comprometidas activamente con ella, y con sentido sólo para un porcentaje relativamente reducido de empresas, y cuya RSE debe diferenciarse claramente de la que sólo responde al cumplimiento de los nuevos requerimientos que se puedan crear.

Son dos tipos de RSE. Y hemos de ser muy conscientes de que la hipertrofia de la primera puede ahogar el dinamismo de la segunda. Pero al menos no las confundamos, porque lo peor que nos puede pasar es convertir al club de la RSE en un aquelarre de la confusión.

(Josepmlozano.cat / Fundación Entorno)