Se debate en Japón el valor económico de la biodiversidad

23.04.2011 | Tendencias

Más de un centenar de ministros de Medio Ambiente llegaron este miércoles a Nagoya, Japón, para participar de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas. El eje principal del debate y que divide a los países desarrollados y en vías de desarrollo es cómo se financiará la conservación de la biodiversidad. Además, se presentó la versión final del estudio que fija un valor monetario a los ecosistemas. Acceda aquí a un resumen con lo más importante de la semana. La Cumbre tendrá un capítulo de empresas con una reunión del sector privado impulsada por el WBCSD.


Otro de los aspectos que se está negociando en esta reunión es la preparación de un Protocolo sobre el acceso a los recursos genéticos y el reparto de los beneficios derivados de su utilización.

El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, ha afirmado que no se han producido avances concretos durante la primera semana de trabajo de la cumbre sobre Diversidad Biológica (COP10) que se celebra en Nagoya (Japón).

En las negociaciones para adoptar un nuevo Plan Estratégico 2011-2020, los diferentes países han discutido durante los últimos días sin cerrar una Misión para el conjunto del Plan Estratégico en 2020. En este sentido, una de las versiones en discusión plantea el objetivo de que para 2020 se haya detenido totalmente la pérdida de biodiversidad y conseguir una gestión de la misma de manera sostenible a largo plazo. En cambio, otra versión más escéptica considera que el objetivo debe ser el de reducir el ritmo de pérdida de biodiversidad, aceptando implícitamente que la degradación continuará, algo que Ecologistas en Acción considera inaceptable.

En la mirada de diversos analistas una de las principales divergencias se da, una vez más, entre países desarrollados y en vías de desarrollo tiene que ver con cómo se financiará el uso económico de los servicios de los ecosistemas o cómo se compensarán las pérdidas que ocasionará su conservación. Los países en vías de desarrollo plantean la puesta en marcha de un Fondo Global de Biodiversidad financiado por los países desarollados y por otras fuentes como podría ser un nuevo impuesto a las transacciones financieras internacionales. Los países desarrollados, en cambio, están detrás de la idea de formar un mercado financiero ad hoc a la manera del que regula las emisiones de carbono.

Las ONG también rechazan que “los mecanismos de mercado, como la propuesta de Mecanismo de Desarrollo Limpio, puedan ser la base de la financiación de la Convención” . La delegación de Brasi llevó la propuesta de reconvertir el 1% de los subsidios “dañinos que los países industrializados” están concediendo a incentivos positivos en los países del sur.

- La visión América Latina

El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Juan Elvira Quesada, declaró que es imperativo asegurar el cumplimiento de la conservación de la diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes, y la distribución justa y equitativa de sus recursos genéticos.

Dijo que esto puede lograrse al establecer un Plan Estratégico en la materia, contar con una Estrategia para la Movilización de Recursos Financieros y el firmar un Protocolo sobre Acceso y Participación en los Beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, que deben ser negociados y aprobados como un paquete integral, a fin de asegurar la efectiva implementación de la CDB.

Al ser México representante de los países de América Latina y el Caribe en la Reunión Plenaria de Alto Nivel, el titular de la Semarnat reiteró la postura de este bloque de adoptar un Plan Estratégico 2011-2020, con objetivos ambiciosos pero realistas, que se ajusten a las metas de cada nación y esto derive en cumplimiento de los objetivos globales, "permitiéndonos abordar la pérdida de la biodiversidad, acompañados de una adecuada Estrategia de Movilización de Recursos".

Además, agregó, la región manifestó su interés de dar cabida a la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, ya que resultan fundamentales para la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Este asunto de la cuestión indígena desató una fuerte controversia entre las delegaciones de Brasil y Canadá, cuando los últimos presentaron una moción para excluir a las comunidades originarias de las negociaciones. No fueron pocos en Japón los que recordaban que muchas de las operaciones mineras de empresas canadienses están en tierras reclamadas por aborígenes.

Elvira Quesada expresó que entre otras de las propuestas apoyadas por México es la creación de una Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES, por sus siglas en ingles), como un mecanismo que podría proporcionar la información científica necesaria y confiable para tomar decisiones en diversidad biológica a los gobiernos y a los acuerdos ambientales multilaterales en la materia.

- Se presentó la versión final de La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad

La versión final del informe titulado La Economía de los Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB por sus siglas en inglés), fue dado a conocer el lunes.

TEEB es un estudio independiente, dirigido por Pavan Sukhdev, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con el apoyo financiero de la Comisión Europea, Alemania, Reino Unido, los Países Bajos, Noruega, Bélgica, Suecia y Japón.

"TEEB ha documentado no sólo la importancia multibillonaria del mundo natural en la economía global, sino también el tipo de cambios en políticas y el tipo de mecanismos inteligentes de mercado que pueden integrar nuevas ideas en un mundo acosado por un número creciente de múltiples desafíos. La buena noticia es que muchas comunidades y países ya están viendo la posibilidad de incorporar el valor de la naturaleza en la toma de decisiones ", dijo el Sr. Sukhdev, banquero que dirige la Iniciativa de Economía Verde del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

El estudio TEEB hace un llamado a un mayor reconocimiento, por parte de los tomadores de decisiones de todos los niveles (desde el local hasta el nacional y desde los empresarios hasta los ciudadanos), de la contribución de la naturaleza para la supervivencia, la salud, la seguridad y la cultura. Asimismo, promueve la demostración, y según sea apropiado, la captura de los valores económicos de los servicios de la naturaleza a través de una serie de instrumentos y mecanismos de política.

En el informe final TEEB "Incorporación de la Economía de la Naturaleza", hay tres escenarios: un ecosistema natural (bosques), un asentamiento humano (ciudad), y un sector empresarial (minería), a través de los cuales se ilustra cómo los conceptos económicos y herramientas descritas en TEEB pueden ayudar a proporcionar a la sociedad los medios para incorporar los valores de la naturaleza en la toma de decisiones a todos los niveles.

Un hallazgo importante de muchos estudios revisados por TEEB es la contribución de los bosques y otros ecosistemas a la subsistencia de los hogares rurales pobres, y por lo tanto, el significativo potencial de los esfuerzos de conservación para contribuir a la reducción de la pobreza.

Se ha estimado que los servicios de los ecosistemas y otros bienes naturales no-comercializados representan, en algunos países en desarrollo grandes, entre el 47 y el 89 por ciento del conocido como "PIB de los pobres" (es decir, el PIB efectivo o el total de las fuentes de medios de subsistencia de los hogares pobres rurales y los que viven en los bosques).

No tomar en cuenta el valor del capital natural plantea riesgos significativos a los negocios y a la sociedad.

El informe también incluye el mensaje de que el fracaso de los negocios para tomar en cuenta el valor del capital natural, sobre todo en sectores como la minería, pueden suponer importantes riesgos de negocios y sociales. La consultora británica, TruCost, estimó que los impactos negativos, o "las externalidades ambientales", de los 3.000 empresas listadas como las más importantes alcanzan un total de 2.2 miles de millones de dólares al año.

Enfoques, tales como Impacto Neto Positivo, la mitigación de los humedales y el bio-banco, pueden ayudar a asegurar que los desarrolladores asuman la responsabilidad de su huella ecológica. Conforme los consumidores y los gobiernos opten por opciones de compra más verde, el sector empresarial también se podría obtener ganancias considerables: para 2020 se espera que el volumen de mercado anual de productos agrícolas certificados alcance los 210 miles de millones de dólares; los pagos por los servicios hidrológicos de los ecosistemas alcanzarán los 6 mil millones de dólares; y las compensaciones voluntarias por biodiversidad en la región, los 100 millones de dólares al año.

El estudio TEEB concluye con las siguientes recomendaciones:

1. La divulgación pública de - y la responsabilidad por - los impactos sobre la naturaleza deben ser resultados esenciales de la evaluación de la biodiversidad.

2. El sistema actual de cuentas nacionales deben ser rápidamente actualizado, a fin de incluir el valor de los cambios en las existencias de capital natural y los flujos de servicios ambientales.

3. Una prioridad urgente es la elaboración coherente de las cuentas e inventarios físicos de las reservas forestales y servicios de los ecosistemas, los cuales son requeridos, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos mecanismos forestales de carbono e incentivos.

4. Los informes anuales y las cuentas de las empresas y otras organizaciones deben revelar las externalidades más importantes, incluidos los daños ambientales que afectan a la sociedad y los cambios en los activos naturales no consignados en las cuentas reglamentarias.

5. Los principios de "Sin Pérdida Neta" o "Impacto Positivo Neto" deberían ser considerados como una práctica comercial normal, utilizando puntos de referencia sobre desempeño robusto de la biodiversidad y procesos de aseguramiento para evitar y mitigar los daños, junto con inversiones en favor de la biodiversidad para compensar los impactos adversos que no pueden ser evitados.

6. Los principios de «quien contamina paga» y «recuperación total de los costos" son directrices de gran alcance para la realineación de las estructuras de incentivos y la reforma fiscal. En algunos contextos, el principio de «el beneficiario paga" puede ser invocado en apoyo de nuevos incentivos positivos tales como pagos por servicios ambientales, incentivos fiscales y otras transferencias fiscales que tienen por objeto alentar a los agentes del sector público y privado a proporcionar servicios ecosistémicos.

7. Los gobiernos deben aspirar a la divulgación completa de las subvenciones, midiendo e informando anualmente sobre éstas, para que sus componentes perjudiciales puedan ser reconocidos, monitoreados y, eventualmente, desaparecer.

8. El establecimiento de sistemas de áreas protegidas nacionales y regionales, que sean gestionados de manera integral, representativa, eficaz y equitativa deberían llevarse a cabo (sobre todo en la alta mar), con el fin de conservar la biodiversidad y mantener una amplia gama de servicios de los ecosistemas. La valoración de ecosistemas puede ayudar a justificar la política de áreas protegidas, identificar oportunidades de financiamiento e inversión, y sustentar las prioridades de conservación.

9. La conservación y la restauración de ecosistemas deben ser consideradas como una opción de inversión viable en apoyo de la mitigación del cambio climático y la adaptación. Dentro del proceso de la CMNUCC, REDD-plus debería ser priorizada para su implementación acelerada, comenzando con proyectos piloto y esfuerzos para fortalecer la capacidad de los países en desarrollo a establecer sistemas confiables de control y verificación que permitan el pleno despliegue del instrumento.

10. La dependencia humana de los servicios de los ecosistemas y, en particular, su papel como una línea de vida para muchos hogares pobres tiene que ser plenamente integrada en las políticas. Esto aplica tanto para orientar las intervenciones de desarrollo, así como a la evaluación de los impactos sociales de las políticas que afectan el medio ambiente.