La tendencia de los consumidores mundiales se enfoca en la salud y en el medio ambiente, explica Joaquín Aramburu, gerente comercial de Control Union Certifications, una firma holandesa responsable de Inspección y Certificaciones de Sistemas de Producción. Para el técnico "tener una certificación social abre muchas puertas".
Se trata del Sello Social Ecuador, un certificado propio que busca medir la responsabilidad social de las empresas productoras de banano en el campo. El fin es concienciar a los productores nacionales   para que se preocupen por el medio ambiente, la erradicación del trabajo infantil, la seguridad orgánica, el derecho laboral de trabajadores, la calidad de vida, los proyectos sostenibles, y otros.

Este sello nacional pretende competir con certificaciones internacionales como ISO 14001, Eurep-Gap, Rain Forest Alliance, SA 8000, ISO 9001 FLO. "En Costa Rica al menos una finca   tiene estas certificaciones", comenta Jorge Sauma, gerente general de la Corporación Bananera Nacional, Corbana, de Costa Rica.
El Sello Social Ecuador está tomado de tres normas internacionales como Fairtrade, SA 8000 y Ethical Training, y está basado en la legislación laboral, dice Aramburu. Países como Chile, Colombia y Guatemala tienen sellos propios para certificar sus productos agrícolas.

El proyecto fue presentado durante el Congreso Global del Banano, que la semana anterior se realizó en Guayaquil y reunió a alrededor de 250 personas.
El sello está en su fase de difusión interna. Ya están listos los diseños, metodologías, parte jurídica, códigos de conducta, manuales. En los próximos días se iniciará un plan piloto con 15 fincas bananeras. Aún no se tiene el costo para el productor.
Esa diferenciación significa más rédito para el productor, ya que los consumidores pagarían más por ese producto que tendrá el certificado de que en su producción no se usó mano de obra infantil y que se respetaron los parámetros sanitarios y de protección al medio ambiente.
También queda abierta la posibilidad de comenzar a explotar los mercados de Japón, China y Turquía, países a los cuales deberá dirigirse el esfuerzo gubernamental junto con el de las comercializadoras.
(El Comercio / ComunicaRSE)