Estados Unidos, Reino Unido, Japón y la Unión Europea mantuvieron una ferrea oposición a la propuesta y realizaron un fuerte lobby sobre países moderados, como Noruega, Francia, Rusia, Australia, Argentina y Turquía, con la advertencia del impacto en las inversiones de empresas de esos países en mercado en desarrollo.

El representante del Vaticano ante Naciones Unidas manifestó su apoyo a la resolución a través de una carta enviada al Consejo en la que  expresa que controlar y supervisar a las empresas con instrumentos voluntarios es insuficiente y que las violaciones a los derechos humanos están dentro de la lógica de un sistema económico que excluye a los sectores vulnerables.

"Una de las principales demandas de la Campaña Mundial para desmantelar el poder corporativo ha sido la construcción de un tratado vinculante que proporcionara a las víctimas de violaciones sistemáticas cometidas por las empresas transnacionales acceso a la justicia", dijo Brid Brennan del Transnational Institute.

De acuerdo a algunos de los negociadores, la clave ahora es ver cómo se desarrolla el proceso de negociación y recuerdan que en la década del setenta el mismo grupo de países que hoy se opone a esta resolución ya había logrado bloquear en la ONU un Reglamento de Conducta para Empresas Trasnacionales.