El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) impulsa una apertura hacia la transparencia y el acceso a la información. Con datos abiertos y nuevas vías de consulta ciudadana, busca recuperar la confianza y facilitar el escrutinio público sobre cómo se financia el desarrollo en la región.
“Veníamos de sesenta años de secretismo”, dice Federico López, oficial de acceso a la información del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al explicar la nueva política de transparencia del banco. Este abogado salvadoreño proviene del ámbito de los derechos humanos y anteriormente trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “No queríamos ni hacer eventos públicos, por miedo a lo que nos pudieran preguntar”.
Todo empezó a cambiar en noviembre de 2023, cuando la costarricense Gisela Sánchez se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia ejecutiva del BCIE, bajo la promesa de convertir al banco multilateral “en un catalizador de desarrollo sostenible e integración, marcado por los pilares de la ética, la transparencia y la excelencia”. Sánchez, ingeniera industrial de profesión, que venía de liderar la estrategia regional del banco BAC Credomatic, tiene un recorrido profesional marcado por la responsabilidad social empresaria, la sostenibilidad y el emprendedurismo social, en organizaciones como FIFCO y Fundación Avina.
El BCIE arrastraba en los últimos años una crisis reputacional de espanto. De acuerdo con diversos informes del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), había llegado a ser llamado el “banco de los dictadores” por financiar, por miles de millones de dólares y sin mayores controles, a algunos regímenes autoritarios de Centroamérica, e incluso había sido señalado como un engranaje clave en la trama continental de corrupción de Odebrecht.
El banco solo informaba de sus acciones a través de su reporte anual y de algunos esporádicos comunicados de prensa. Cuando la flamante presidenta se hizo cargo del banco, sus propias normativas internas le daban un plazo de hasta sesenta días para responder a un requerimiento de acceso a la información de un periodista o de alguna organización ambiental. “Hoy tenemos que hacerlo dentro de las 24 horas”, se enorgullece Sánchez.
Así, se decidió una nueva política de acceso a la información, que entró en vigencia en julio de 2025. Hasta entonces, el banco hacía públicos apenas el 27% de sus documentos. Hoy ese indicador alcanzó el 68%. Desde septiembre del año pasado, además, cuenta con una base de datos abierta de 55 mil registros, que primero se compartió con los medios de comunicación y que hoy está disponible en su web para todo el público.
El BCIE es el primer organismo multilateral de desarrollo en tener un registro público de solicitudes de información, donde cualquier usuario puede ver cómo funciona el sistema, qué información se le solicita al banco y cómo responde. “Cuando una solicitud es denegada, se puede apelar ante una instancia independiente y externa del BCIE, un Comité de Revisión”, agrega Federico López.
Para reforzar la estrategia, el banco se sumó a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés), un espacio que promueve la divulgación abierta, oportuna y comparable de información sobre el financiamiento para el desarrollo, permitiendo a gobiernos, sociedad civil, academia y ciudadanía en general conocer cómo se asignan y utilizan los recursos.
La búsqueda de la verdad y la transparencia en América Latina suele tener costos más altos que en otras zonas del planeta. Y no hablamos de costos económicos. El oficial de acceso a la información del banco cuenta que los mecanismos de solicitud pueden ser anónimos, para proteger la identidad, la integridad y, sí, también la vida de los periodistas o líderes comunitarios que quieran saber cómo sus gobiernos se gastan la plata que les presta el BCIE.
Las burocracias han sido muy proclives a protegerse del escrutinio exterior a través del ardid de ocultar información bajo un uso críptico y endogámico del lenguaje, destinado a unos pocos iniciados. Es por eso que las iniciativas de datos abiertos trabajan sobre un principio sencillo: si no se entiende, no hay transparencia. El BCIE, en su propia política de datos abiertos, escribió que “para aquellos documentos de divulgación rutinaria, el Banco fomenta que su redacción se realice a través de un lenguaje sencillo, claro, preciso y con un léxico comprensible, con el propósito de que la ciudadanía, en general, pueda entender su contenido, promover una mayor interacción y democratizar la información”.
Rennie Valladares es la oficial de cumplimiento y transparencia del banco y apela a una metáfora deportiva para explicar los cambios que han ocurrido en la institución y caracterizar el liderazgo de la presidenta Sánchez. “Cuando un equipo quiere llegar a la final del Super Bowl, tiene que tener un buen coach. Pasamos de 4 denuncias internas a 186”.
El BCIE se ha dado a la tarea de ayudar a construir un ecosistema de datos abiertos en la región y, para ello, cuenta con un aliado que comparte su misma visión: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). “El acceso a la información es un derecho humano”, dice Alejandra Naser, jefa del Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto de la CEPAL, quien además identifica la baja calidad de la institucionalidad como una de las trampas que obturan el desarrollo de los países.
Para hacer comprender el valor público que tienen los datos abiertos, comparte un caso que en días recientes conmocionó a Chile. Resulta que la Contraloría General de Chile hizo un cruce de bases de datos de gobierno abierto bastante simple, pero que requiere que la información esté accesible y sea editable. Cruzó las bases de las licencias médicas de los funcionarios públicos con los datos migratorios de salidas del país. ¿Corolario? Miles de funcionarios despedidos, incluso jueces.
El BCIE y la CEPAL organizaron días atrás, en Ciudad de Guatemala, un taller con más de veinte periodistas de toda América Latina para capacitarlos en gobierno abierto, acceso a la información y transparencia. Sumaron a la cruzada a la Open Government Partnership (OGP), una organización especializada en “eliminar acuerdos secretos”, según su director, Pepe García, y en poner los datos a disposición de los públicos de interés de las organizaciones.
“Se trata de conectar con la mística del servicio público, con la belleza de cómo la transparencia y la información nos pueden ayudar a romper silos, a arreglar asimetrías de información que luego se traducen en asimetrías de poder, en discrecionalidad para que personas privadas capturen lo público en su propio beneficio. Es una herramienta de justicia. Para que las personas y la sociedad tomen en sus manos la responsabilidad de construir para sí una vida mejor”, agrega García.
Aunque multilateral y de integración, el BCIE no deja de ser una entidad financiera que necesita ganar plata para permanecer. La pregunta que se impone es si, más allá del evidente valor público y social que genera la transparencia, esta nueva política conlleva además alguna clase de beneficio económico para la organización.
El BCIE maneja hoy una cartera de 12 mil millones de dólares y ha alcanzado la misma calificación crediticia que Estados Unidos. Seguramente, estos logros económicos no se explican por la política de acceso a la información, pero ahora se puede pensar que, tal vez, sin ella tampoco se hubieran alcanzado.
Alejandro Langlois