Nestlé, Unilever, Danone y H&M figuran entre las más de 130 empresas e instituciones financieras que piden terminar con las ayudas a prácticas dañinas para la naturaleza en los combustibles fósiles, la agricultura, la pesca, el agua y el transporte. Proponen redirigir esos recursos hacia una producción sostenible.
Más de 130 empresas e instituciones financieras reclamaron a los gobiernos una reforma de los subsidios y otros incentivos que contribuyen al deterioro de la naturaleza. La iniciativa, presentada el 6 de octubre antes de la COP17 de Biodiversidad, plantea que el financiamiento público está favoreciendo actividades que debilitan la disponibilidad de agua, la fertilidad de los suelos y el abastecimiento de materias primas.
La convocatoria está coordinada por Business for Nature y la Finance for Biodiversity Foundation. Entre sus firmantes figuran Danone, Nestlé, Unilever, Natura, H&M, Decathlon, Rabobank y Triodos Bank, dentro de un grupo que reúne más de US$600.000 millones en ingresos empresariales y US$4,7 billones en activos bajo gestión.
En su carta abierta a los gobiernos, los firmantes sostienen que los incentivos actuales distorsionan los precios, subestiman los riesgos asociados con la pérdida de naturaleza y desalientan inversiones en prácticas más sostenibles. Su pedido concreto es iniciar, dentro de los próximos doce meses, procesos nacionales de reforma que articulen distintos ministerios con empresas, entidades financieras, productores, organizaciones sociales, comunidades locales y pueblos indígenas.
La propuesta busca cambiar el destino y las condiciones del financiamiento público existente. Las empresas argumentan que necesitan reglas previsibles para invertir y que conservar los recursos naturales debe convertirse en una opción económicamente competitiva. También plantean que las reformas deben diseñarse con los productores y aplicarse gradualmente, protegiendo los medios de vida de quienes dependen de los apoyos actuales.
El vínculo con el negocio aparece en los argumentos de los participantes. Danone señala que los agricultores enfrentan presiones económicas y ambientales que ninguna empresa puede resolver por sí sola. Desde Triodos Bank, su economista jefe, Hans Stegeman, cuestiona que los gobiernos sigan financiando actividades perjudiciales para la naturaleza, incluidos los combustibles fósiles, mientras esperan que las instituciones financieras reorienten sus inversiones.
La dimensión del problema está recogida en el informe de Doug Koplow y Ronald Steenblik actualizado en 2024, que estima los subsidios ambientalmente perjudiciales en más de US$2,6 billones anuales. Aunque la carta no enumera programas específicos que deban eliminarse, este diagnóstico de respaldo permite identificar prácticas sectoriales.
En combustibles fósiles, examina ayudas al consumo, beneficios fiscales y financiamiento público de proyectos. En agricultura, señala el riego con agua gratuita o a precios artificialmente bajos y los incentivos a biocombustibles que aumentan la presión sobre los recursos.
En pesca, cuestiona apoyos a equipos y operaciones que favorecen el exceso de capacidad y la sobrepesca. En agua, incluye la extracción agrícola e industrial de ríos, lagos y acuíferos sin cobro o con precios que estimulan el consumo excesivo. En transporte, identifica beneficios fiscales para autos de empresa y estacionamientos, además de exenciones para la aviación y los combustibles del transporte marítimo internacional.
El reclamo empresarial retoma un compromiso ya incorporado en la meta 18 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal: identificar los incentivos perjudiciales para 2025 y reducirlos progresivamente en al menos US$500.000 millones anuales para 2030, comenzando por los más dañinos.
La orientación del Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce que muchas actividades y comunidades dependen de estas ayudas. Por eso contempla tanto su eliminación gradual como su rediseño cuando cumplen objetivos sociales que deben preservarse, junto con una ampliación de los incentivos a la conservación y al uso sostenible de la biodiversidad.