
En presencia de la vicepresidenta primera de la Mesa de la Cámara autonómica, Consuelo Rodríguez Píriz, la directora general ha registrado este documento, con el que Extremadura se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elabora una Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental.
Elaborada por la Dirección General de Trabajo, con esta memoria se da respuesta a las obligaciones que en materia de responsabilidad social, tiene la Administración extremeña como entidad contratante, consumidora e impulsora de estudios para fomentar la competitividad en las empresas mediante la RSE. Además, recoge la estrategia que, en este ámbito, seguirá la Comunidad Autónoma en los próximos años.
María Ángeles Muñoz ha explicado que en el contexto socio-económico actual, la responsabilidad social y la calificación de una empresa o entidad como socialmente responsable determina el futuro de la misma.
En este sentido, la vicepresidenta primera de la Mesa del Parlamento extremeño ha señalado que la responsabilidad social “afecta a todos” y ha destacado que el Gobierno de Extremadura ha sentado un gran precedente con la elaboración de esta Memoria de Responsabilidad Social Gubernamental.
La directora general ha señalado que el Gobierno de Extremadura, y en particular la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y la Dirección General de Trabajo, mantiene un empeño especial por fomentar la responsabilidad social en la región, mediante la promoción de la transparencia y el comportamiento responsable de las empresas y el decidido apoyo a aquellas que persiguen la excelencia laboral, social y medioambiental
Por ello, la Administración autonómica se está exigiendo a sí misma la realización de una gestión socialmente responsable, en tanto que entidad contratante, consumidora, inversora, empleadora y prestadora de servicios, ha subrayado la responsable de Trabajo del Gobierno extremeño.
En base a dicha norma, el Gobierno de Extremadura ha elaborado la primera memoria de Responsabilidad Social Gubernamental, y lo ha hecho dentro del plazo establecido; en los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio.
El proceso para abordar este proyecto ha sido dirigido por la Dirección General de Trabajo, que posee las competencias en materia de Responsabilidad Social Empresarial del Gobierno de Extremadura.