
Una coalición de iglesias y organizaciones de inversión presentó una denuncia ante el mecanismo británico de las Líneas Directrices de la OCDE por los vínculos financieros de HSBC con Glencore, empresa propietaria de la mina Cerrejón en La Guajira. El caso vuelve a plantear hasta dónde alcanza la responsabilidad de un banco frente a los riesgos ambientales y de derechos humanos de las actividades que financia.
¿Puede un banco desvincular sus compromisos de sostenibilidad de los impactos de las empresas a las que presta dinero o presta servicios financieros? Esa pregunta está en el centro de una denuncia presentada el 5 de junio de 2026 ante el Punto Nacional de Contacto (PNC) del Reino Unido, en el marco de las Líneas Directrices de la OCDE sobre conducta empresarial responsable.
La presentación cuestiona la relación financiera de HSBC con Glencore, grupo que opera Cerrejón, una mina de carbón a cielo abierto de La Guajira, Colombia, cuya actividad es objeto de controversias persistentes sobre agua, medio ambiente, salud y derechos de las comunidades cercanas. La denuncia fue promovida por la Iglesia Metodista de Colombia, las iglesias metodistas de Gran Bretaña e Irlanda, Epworth Investment Management y el Centro de Comunicación Popular para América Latina (CEPALC). El Consejo Mundial de Iglesias apoya la iniciativa.
La información divulgada por el Consejo Mundial de Iglesias señala que los denunciantes solicitan examinar si la conducta de HSBC se ajusta a las expectativas de diligencia debida de la OCDE. No se trata de una sentencia judicial ni de una determinación de responsabilidad del banco: el caso figura con estado «presentado» en la base de datos de OECD Watch.
El riesgo ambiental también viaja por el sistema financiero
El interés de este caso supera la discusión sobre una operación minera específica. Las directrices de la OCDE incluyen expectativas para que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen impactos negativos vinculados a sus actividades, productos, servicios y relaciones comerciales. Para el sector financiero, eso abre una discusión relevante: el hecho de no operar una mina no elimina automáticamente la necesidad de evaluar los riesgos relacionados con su financiamiento.
Las organizaciones denunciantes sostienen que la banca debe alinear sus decisiones de inversión y financiamiento con sus políticas ambientales, de derechos humanos y climáticas. En Cerrejón, los cuestionamientos señalados por las organizaciones abarcan los efectos sobre el acceso al agua, las condiciones de salud, el desplazamiento y los impactos en comunidades indígenas. Estas acusaciones deben distinguirse de hechos judicialmente determinados y de la posición de las compañías señaladas.
Una de las cuestiones todavía abiertas es la trazabilidad del vínculo financiero: los instrumentos utilizados, su monto, las fechas, el destino de los recursos y si se trata de financiamiento corporativo general de Glencore o de recursos directamente destinados a Cerrejón. Sin esa información, no sería riguroso afirmar que determinado préstamo de HSBC financió de manera directa operaciones específicas en la mina.
La propia experiencia del mecanismo británico muestra que la admisión de una denuncia no equivale a una sanción. En julio de 2025, el PNC del Reino Unido decidió examinar otra denuncia presentada contra HSBC por organizaciones de la sociedad civil, aclarando expresamente que esa decisión no constituía un hallazgo de incumplimiento. El antecedente es diferente del caso Cerrejón, pero ilustra el alcance y los límites del procedimiento extrajudicial.
Carbones de Cerrejón Limited, incluso, fue durante un tiempo empresa afiliada al Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), organización que en 2018 coordinó un ejercicio de revisión entre pares del reporte de sostenibilidad de la empresa ahora cuestionada ante la OCDE.
Una evaluación rigurosa requerirá información financiera verificable, indicadores ambientales y sociales de la operación, evidencia sobre la debida diligencia realizada por el banco y la participación de las comunidades potencialmente afectadas. También habrá que seguir la evolución del procedimiento ante el PNC británico, que hasta ahora no ha determinado una infracción en esta denuncia.
