A medida que se intensifica la carrera por asegurar los minerales del continente, nuevos datos muestran un panorama preocupante sobre la falta de rendición de cuentas frente a abusos sistemáticos.

Nuevos datos publicados revelan que Sudamérica es la región del mundo más afectada por abusos contra los derechos humanos vinculados a la transición global hacia energías limpias.

En la única investigación de este tipo, los hallazgos del Transition Minerals Tracker 2026, publicado por el Centro de Empresas y Derechos Humanos (Business and Human Rights Centre), continúan mostrando la interrelación entre los impactos sobre el ambiente, los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Desde 2010 se han registrado un total de 447 denuncias de abusos en minas de Sudamérica, lo que representa el 37 % de toda la base de datos mundial.

Solo en 2025, se vincularon 97 denuncias de violaciones de derechos humanos a la minería para la transición energética en la región, casi el doble de las registradas en 2024.

Perú y Chile ocupan el primer y tercer lugar entre los países más implicados del mundo, con 174 y 137 denuncias, respectivamente.

Sudamérica alberga las mayores reservas de cobre del planeta, y el cobre por sí solo representa el 60 % de todas las denuncias registradas en el Tracker a nivel mundial desde 2010. A medida que la demanda mundial de cobre se acelera, impulsada por la electrificación y la expansión de las redes eléctricas, podría agravarse un patrón de abusos que incluye violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, daños ambientales y resistencia comunitaria. Todo ello ya se está traduciendo en suspensiones de operaciones mineras y pérdidas de miles de millones de dólares para las empresas y sus inversionistas. La mayoría de los conflictos sociales (13) que provocaron suspensiones, ralentizaciones o cierres de operaciones se ubicaron en Sudamérica.

Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, gerente regional para las Américas del Centro de Empresas y Derechos Humanos, afirmó: “Sudamérica ha estado abasteciendo al mundo de cobre y litio, mientras que las comunidades están pagando el precio mediante la contaminación del agua, la pérdida de tierras y el silenciamiento de quienes defienden sus derechos. Esto representa un fracaso tanto moral como estratégico. A medida que las comunidades se organizan y resisten, las minas son cerradas y las cadenas de suministro se ven interrumpidas. Cada vez resulta más evidente que la transición energética no puede construirse sobre el abuso de los titulares de derechos ni sobre la misma lógica extractivista que ya ha demostrado su fracaso en el pasado”.

Con respecto al aumento de los casos reportados, desde ComunicarSe consultamos si se debe a un incremento de los abusos o una mayor capacidad de las comunidades para documentarlos y denunciarlos. En este sentido, indican desde Business and Human Rights Centre que “Dado que las libertades cívicas se redujeron considerablemente en 2025, es poco probable que el aumento de los abusos esté relacionado con una mayor capacidad de documentación por parte de las comunidades. Dicho esto, no podemos estar completamente seguros de si efectivamente hubo una mayor cantidad de denuncias en 2025. El incremento del 73 % en las denuncias de abusos que registramos se calculó únicamente considerando denuncias en minas que ya veníamos monitoreando en años anteriores, lo que indica un aumento real de los presuntos abusos”.

En cuanto a qué tipos de denuncias son más comunes, detallan que las principales son aquellas relacionadas con impactos sobre las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, “que en la mayoría de los casos están vinculadas a impactos ambientales, principalmente relacionados con el agua”. Business and Human Rights Centre.

Por último, ¿cómo se puede revertir estas situaciones? “Que los gobiernos aprueben y hagan cumplir legislación que obligue a las empresas a realizar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente, incluidas obligaciones extraterritoriales”, responden de . Asimismo, es importante garantizar que todas las alianzas estratégicas y las regulaciones de las cadenas de suministro de minerales incluyan requisitos de responsabilidad corporativa. En esta línea, es fundamental el rol de organizaciones de derechos humanos, que investigan los impactos potenciales y actuales que las operaciones pueden generar, difunden esa información y llevan adelante acciones (protestas, litigios, entre otras) para prevenir que esos impactos ocurran o se repitan.