El informe “Top 10 de temas sobre Empresas y Derechos Humanos”, es un pronóstico anual de los principales desafíos y oportunidades para avanzar en la agenda de la empresa responsable.

El documento, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IHRB, por sus siglas en inglés) analiza cómo las tensiones políticas y la incertidumbre regulatoria están provocando que muchas compañías oculten sus avances en sostenibilidad. Asimismo, examina el impacto de la inteligencia artificial en los derechos laborales y los dilemas éticos vinculados al sector de la defensa y las criptomonedas. También se abordan temas críticos como la crisis climática, la gestión de servicios de asilo y la escasez de mano de obra en la economía verde. Finalmente, el texto sirve como una guía estratégica para que las empresas integren la debida diligencia en entornos globales cada vez más complejos y fragmentados.

Las empresas responsables se encuentran hoy en una encrucijada que definirá su relevancia en la próxima década. Existe una contradicción estructural en el mercado global: mientras el avance de movimientos anti-ESG y los ataques políticos fuerzan a muchas corporaciones a operar «en la sombra», la demanda social de integridad no ha hecho más que intensificarse. Según el pronóstico para 2026 del Institute for Human Rights and Business (IHRB), el 89% de la población mundial exige acciones climáticas inmediatas, y las nuevas generaciones están transformando su consumo en un acto de activismo ético.

1. El fenómeno del «Corporate Hushing»

El rechazo político y los cambios regulatorios están llevando a muchas empresas a guardar silencio sobre sus compromisos en clima, sostenibilidad, diversidad, inclusión y derechos humanos. Esta tendencia, conocida como “greenhushing”, se está ampliando: menos compromisos públicos, metas más vagas y lenguaje más moderado, debido al temor a litigios, presiones políticas y riesgos reputacionales. Algunas incluso han retirado su apoyo a iniciativas consideradas polémicas.

Sin embargo, el silencio no implica inacción. Muchas compañías siguen invirtiendo en eficiencia energética, defendiendo regulaciones ambientales y adoptando la economía circular. Más que abandonar la sostenibilidad, están reformulando su enfoque e integrándola en s ugobernanza, la gestión de riesgos y la estrategia financiera, lo que podría convertirla en una función central del negocio.

No obstante, el “hushing” también implica riesgos: reduce la transparencia que inversionistas, reguladores y comunidades necesitan. El desafío será comunicar avances reales y verificables que generen impacto tangible. Para ello, serán clave informes estandarizados, basados en evidencia y con verificación independiente, demostrando que la sostenibilidad y los derechos humanos también fortalecen el negocio.

2. Los desafíos en la legislación sobre sostenibilidad

En los últimos años ha habido retrocesos en la regulación internacional sobre sostenibilidad, como el caso del Tratado de Plásticos de la ONU y el bloqueo del Marco Net-Zero de la Organización Marítima Internacional por parte de Arabia Saudita y Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha revisado y retrasado leyes ambientales y de derechos humanos con el argumento de simplificar y desregular.

Las empresas europeas han mostrado posturas contradictorias frente a la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Aunque sus preocupaciones sobre competitividad tienen fundamento —dado el aumento de normativas sobre reportes, deforestación, trabajo forzoso y minerales críticos—, la fragmentación y la incertidumbre regulatoria elevan costos y dificultan decisiones de inversión a largo plazo.

Los equipos de sostenibilidad ahora deben justificar la debida diligencia en derechos humanos como gestión de riesgos empresariales.Integrar estas funciones en áreas comerciales puede reforzar su enfoque estratégico, pero trasladarlas solo a cumplimiento legal podría reducirlas a un mero trámite.

Si se logra un acuerdo final sobre la CSDDD y la Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD) para 2025, las empresas que mantengan una debida diligencia basada en riesgos y alineada con estándares internacionales estarán mejor preparadas. También será clave comunicar avances reales y mantener el compromiso local para fortalecer su resiliencia y legitimidad social.

3. La industria de los seguros para promover los Derechos Humanos

La industria de los seguros está pasando de ser un estabilizador económico a un posible bloqueador de derechos. Los modelos tradicionales, basados en patrones climáticos predecibles, han quedado obsoletos ante la frecuencia de incendios e inundaciones. Esto ha generado los llamados «desiertos de seguros», donde las aseguradoras privadas se retiran de regiones enteras, dejando a comunidades sin respaldo financiero.

En los países en desarrollo, la situación es crítica: las pérdidas por desastres no cubiertas por seguros superan el 90%. Esta exclusión financiera no es solo un problema de mercado; es una crisis de derechos humanos que afecta  a las poblaciones vulnerables. 

Las aseguradoras deben adaptarse de tres maneras generales: mejorar la evaluación de riesgos, fortalecer la resiliencia e innovar productos. Al mismo tiempo, las aseguradoras deberán invertir directamente en la reducción de riesgos. Esto puede incluir apoyar estándares de construcción resilientes, financiar soluciones basadas en la naturaleza o respaldar mejoras de infraestructura que reduzcan la gravedad de las pérdidas. 

4. La IA y el impacto en los trabajadores 

La Inteligencia Artificial se sostiene sobre una paradoja humana. Mientras las empresas exploran su uso para auditar cadenas de suministro complejas, ignoran la «mano de obra oculta» —moderadores de contenido y etiquetadores de datos— que operan en condiciones precarias. 

Para reducir la exposición a contenido perjudicial, las plataformas están automatizando la moderación con IA. Sin embargo, esto genera nuevos riesgos, especialmente para la libertad de expresión, al facilitar la censura excesiva o el silenciamiento de denuncias legítimas.

Otros trabajadores también se ven afectados: en plataformas digitales, algoritmos fijan salarios, supervisan y pueden desactivar cuentas sin explicación. Además, herramientas de contratación basadas en IA pueden reproducir sesgos y discriminar por género, raza, discapacidad u otros factores.

Aunque los gobiernos intentan regular la IA con base en estándares de derechos humanos, temen frenar la innovación. Mientras tanto, el uso creciente de estas tecnologías está generando más demandas y escrutinio. Las empresas que no gestionen adecuadamente los riesgos enfrentarán mayor presión y responsabilidad.

5. La IA en la debida diligencia y auditorías

La IA se está explorando como herramienta para detectar abusos laborales en cadenas de suministro complejas, al integrar datos entre sectores y regiones y mejorar la visibilidad de riesgos. Algunas empresas ya han probado evaluaciones de impacto en derechos humanos generadas por IA.

Sin embargo, su eficacia depende de la calidad y disponibilidad de datos. En contextos con alta informalidad o acceso restringido, los vacíos de información limitan su utilidad. Además, algunos sistemas optan por excluir proveedores de alto riesgo en lugar de comprometerse a mejorar sus prácticas, lo que contradice estándares internacionales. Señalar abusos solo es útil si existen mecanismos de queja y reparación adecuados, algo que muchas soluciones digitales no garantizan.

También preocupan la forma en que se recopilan los datos, los sesgos que afectan a comunidades marginadas y el riesgo de “alucinaciones” (información falsa presentada como real).

En definitiva, el valor de la IA en la debida diligencia dependerá de un diseño centrado en derechos humanos, con supervisión humana y modelos híbridos que combinen tecnología con información local y participación comunitaria. 

6. El incremento de los conflictos armados 

Con más de 100 conflictos activos en 2025, la industria de defensa se ha expandido hacia  Silicon Valley. El ascenso del «tecnonacionalismo» ha llevado a empresas de la nube y de software a revertir salvaguardas éticas para permitir usos militares. Un punto de inflexión es la resolución de la Asamblea General de la ONU de noviembre de 2025 sobre Sistemas de Armas Autónomas (AWS), que exige informes urgentes sobre los peligros de perder el control humano en el campo de batalla.

Por lo tanto, crecerán las exigencias de debida diligencia en derechos humanos para empresas con contratos militares. Existen guías internacionales que afirman que las compañías deben respetar los derechos humanos independientemente de las obligaciones de los Estados. Aunque grandes empresas de defensa están incluidas en nuevas normas europeas, persisten ambigüedades. El reto de fortalecer la supervisión y la responsabilidad en un sector en expansión apenas comienza.

7. Normas para prevenir la complicidad en crimen de guerra

En julio de 2025, un informe del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados reavivó la atención sobre la posible complicidad empresarial en crímenes de guerra. Este escrutinio continuará en 2026, mientras más inversionistas presionan a las empresas que operan en zonas de conflicto. Algunas se retiran —como ocurrió en Rusia tras la invasión de Ucrania—, pero muchas permanecen.

El principio de que “las zonas de conflicto no están fuera de la ley” implica que las empresas deben aplicar una debida diligencia reforzada y sensible al conflicto. Se exigirán reglas claras, mecanismos de rendición de cuentas y alineación con el derecho internacional humanitario. Organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja han emitido guías específicas, y los gobiernos avanzan hacia regulaciones obligatorias basadas en estándares internacionales.

8. Los riesgos en los servicios de inmigración

El desplazamiento transfronterizo global se encuentra en niveles récord, impulsado por conflictos, desastres, persecución y cambio climático. Se prevé que para 2050, sólo el cambio climático desplazará a más de mil millones de personas.

Por su parte, los gobiernos dependen del sector privado para proporcionar servicios esenciales como alojamiento, atención sanitaria, seguridad y transporte a las personas involucradas. Esta situación ha planteado importantes desafíos en materia de derechos humanos. La falta de salvaguardias adecuadas ha provocado abusos, explotación y malas condiciones de vida para muchas personas que abandonan sus países. Las investigaciones han descubierto instalaciones superpobladas e insalubres, así como informes de violencia. 

Los gobiernos utilizan cada vez más herramientas basadas en algoritmos para procesar los casos de asilo, lo que genera preocupaciones sobre el sesgo, la equidad y la erosión de la supervisión humana. El uso de tecnología en la seguridad privada plantea importantes riesgos para los derechos humanos, incluidas preocupaciones sobre la privacidad relacionadas con la recopilación y el procesamiento de datos biométricos de los migrantes en las fronteras. Las empresas tienen una responsabilidad para garantizar que estos sistemas sean transparentes y responsables.

9. Mano de obra y empleos verdes

La transición energética es hoy una realidad económica: la energía solar es la fuente de electricidad más barata del mundo. Sin embargo, existe una escasez de talento que amenaza la viabilidad climática. La OIT prevé 24 millones de nuevos empleos verdes para 2030, pero el mercado está vacío: EE. UU. necesita un millón de electricistas y Europa 750.000 instaladores de bombas de calor.

Esta brecha crea un riesgo de explotación para los trabajadores migrantes. De modo positivo, existen casos como el de Grecia que ha implementado esquemas de regularización para inmigrantes que cubran estas vacantes, y en Omán, el puerto de Duqm ha invertido en alojamientos dignos para atraer talento bajo estándares de derechos humanos.

Será necesaria una mayor colaboración entre la industria, los interlocutores sociales, los empleadores y los sindicatos con todos los niveles de gobierno para garantizar que los empleos verdes accesibles impulsen el empleo, mejoren las condiciones laborales y fortalezcan a las comunidades locales.

10. Criptomonedas y los riesgos de la industria 

Para 2026, el ecosistema cripto superará los 960 millones de usuarios. Sólo el mercado de monedas estables denominadas en dólares estadounidenses ha crecido hasta los 225 mil millones de dólares.

Si bien es una herramienta de libertad para quienes viven bajo regímenes represivos, la industria se enfrenta a un mayor escrutinio por sus impactos sociales y ambientales, particularmente en regiones con una regulación débil, inestabilidad política o alta dependencia energética.

Un informe reciente advierte que “a medida que las criptomonedas llegan a los bancos, los sistemas de pago, los planes de jubilación e incluso la infraestructura local, los riesgos que plantean están comenzando a surgir en formas que pueden afectar a la gente corriente. Desde la inestabilidad financiera hasta el fraude de los inversores y los riesgos ambientales y de seguridad pública, las consecuencias potenciales son reales y crecientes”.

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del G20 ha instado a los gobiernos a acelerar la implementación de estándares integrales y globalmente consistentes, y ha señalado que las reglas criptográficas siguen siendo demasiado «fragmentadas, inconsistentes e insuficientes para abordar la naturaleza global de los mercados de criptoactivos».

Se necesita una mayor transparencia de la industria, así como un diálogo más amplio con las partes interesadas, que reúna a representantes de la industria criptográfica, expertos en tecnología y finanzas con la comunidad de derechos humanos para comprender los riesgos y buscar formas de avanzar más responsables.