Se prevé 24 millones de nuevos empleos verdes para 2030, lo que significa una demanda por parte de las empresas y logrando una transición justa.

Un estudio realizado por la OIT y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2020, advierte que la informalidad laboral en América Latina y el Caribe afecta, en promedio, al 53% de la fuerza laboral, alcanzando hasta el 80% en algunos países y sectores, con una incidencia aún mayor entre mujeres y jóvenes. El informe Panorama Laboral 2024 actualiza dicha cifra al 47,6%, reflejando ciertos avances postpandemia, aún insuficientes para cerrar esta brecha estructural del mercado laboral. La persistencia de altos niveles de informalidad limita el acceso a derechos laborales y obstaculiza el desarrollo de empleos más productivos y sostenibles.

Por otro lado, la OIT prevé 24 millones de nuevos empleos verdes para 2030. Estos empleos contribuyen a la conservación, restauración y mejora de la calidad del ambiente en cualquier sector económico. Asimismo, reducen el impacto ambiental de las empresas y de los sectores económicos, aumentando la eficiencia del consumo de energía, de las materias primas y del agua. 

Esta demanda, debe estar acompañada de una transición justa, que consiste en lograr un trabajo decente para todos y en erradicar la pobreza, a través del crecimiento de economías inclusivas que puedan satisfacer las necesidades de la creciente población mundial. En ese sentido, la transición justa es esencial para alcanzar un desarrollo incluyente y lograr el trabajo decente. Asimismo, la transición justa busca maximizar la creación de empleos y negocios verdes, considerando la dimensión de género, y los recursos naturales, y minimizando y abordando de manera coherente y articulada los posibles impactos negativos derivados de dicha transformación.

En los últimos años, América Latina se posicionó como un actor clave en la transición energética. La expansión de energías renovables, la electrificación del transporte y la creciente demanda de minerales críticos —como el litio— impulsan la creación de nuevos puestos de trabajo.

En este contexto, en países como Argentina, Chile y Bolivia la explotación de recursos clave para la transición energética global ha generado tensiones con comunidades locales. Informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advierten sobre riesgos de vulneraciones de derechos, desde condiciones laborales precarias hasta impactos ambientales que afectan medios de vida tradicionales.

En el sector de energías renovables, particularmente en grandes parques solares y eólicos, también se han identificado desafíos vinculados a la calidad del empleo. Aunque estos proyectos reducen emisiones, no siempre generan trabajos estables o bien remunerados en las comunidades donde se instalan.

No obstante, especialistas advierten que la implementación efectiva sigue siendo desigual. “Existe un riesgo de ‘greenwashing social’, donde proyectos ambientalmente sostenibles no cumplen estándares básicos de derechos laborales”, señalan análisis del Business & Human Rights Resource Centre.

La Herramienta de Seguimiento de Litigios para una Transición Justa del Business & Human Rights Resource Centre alerta sobre la tendencia al aumento de las demandas judiciales para una transición justa. En 2025, la Herramienta de Seguimiento presentó un total de 95 demandas que se han iniciado en todo el mundo desde 2009, presentadas por pueblos indígenas, otras comunidades de primera línea, personas defensoras de los derechos humanos y trabajadoras a escala global, con el fin de proteger sus derechos humanos en el contexto de la transición energética a lo largo de toda la cadena de valor de las energías renovables. 

Entre los principales descubrimientos, se encuentra que la extracción de minerales de transición sigue siendo el sector que concentra la mayoría de demandas, al representar más del 70 % (67 casos) de las demandas mundiales examinadas en la Herramienta de Seguimiento. Además, los pueblos indígenas presentaron casi la mitad de los casos (47 % - 45 casos). Además, en cerca de la mitad de los casos registrados (49 % - 47 casos) se alega una supuesta violación de los derechos de los pueblos indígenas, lo que incluye su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el 33 % (31) de los casos.

Los principales daños causados por los proyectos son los ambientales en el 70 % (67) de los casos analizados, los relacionados con el agua (56 % - 53 casos) y el 48 % (46) de los casos están relacionados con las consecuencias negativas de los proyectos en los medios de subsistencia de las comunidades afectadas; por otra parte, el 40 % (38) se refiere a sus repercusiones en zonas protegidas como las tierras sagradas de los pueblos indígenas, las tierras de pastoreo, el patrimonio agrícola o los parques nacionales.

En este contexto, se destaca que América Latina y el Caribe sigue siendo la región con mayor número de casos de abusos (53 % - 50 casos), seguida de América del Norte (16 % - 15 casos), África (11 % - 10 casos), Europa (9 % - 9 casos), Asia (8 % - 8 casos) y Australia y Oceanía (3 % – 3 casos).

¿Cómo afecta la transición energética a los derechos humanos?

Las baterías de iones de litio que utilizan los dispositivos y vehículos electrónicos contienen minerales tales como el litio, el cobalto y el níquel. Desde Amnistía, advierten sobre la deficiente regulación durante mucho tiempo de las prácticas industriales ha afectado negativamente a comunidades de toda América del Sur y África Oriental y Austral.

En el Salar de Atacama, una zona que se extiende por Chile, Argentina y Bolivia, la extracción de litio y cobre amenaza con menoscabar los derechos de los pueblos indígenas y pone en riesgo los recursos hídricos y los frágiles ecosistemas de los pueblos indígenas y las comunidades de primera línea —que tienen una importancia crucial para sus medios de vida y culturas—, así como su derecho a la autodeterminación.

Asimismo, advierte en todo el mundo, las deficiencias de diseño, funcionamiento y gestión de residuos de las minas industriales han provocado contaminación persistente y daños para la salud, sin apenas rendición de cuentas con fines de limpieza o reparación. 

¿Qué pueden hacer las empresas?

Amnistía recomienda que las empresas aseguren que sus operaciones, filiales y proveedores cumplan normas internacionales de medioambiente y derechos humanos, aplicando debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar impactos negativos, así como rendir cuentas.

También deben evaluar riesgos de derechos humanos en sus planes de seguridad. Las fabricantes de baterías, por su parte, deberían aumentar el uso de materiales reciclados y diseñar productos fáciles de desmontar y reutilizar.

Es clave aplicar una debida diligencia sólida en toda la cadena de valor, garantizando mecanismos eficaces de reclamación y acceso a reparación para las personas afectadas. Las empresas de energías renovables deben adoptar políticas de abastecimiento responsable y colaborar con el sector minero para asegurar prácticas centradas en derechos humanos.

Asimismo, deben realizar consultas de buena fe con las comunidades, especialmente con grupos vulnerables, antes y durante sus operaciones, sin desestimar la oposición pública, y exigir lo mismo a sus socios comerciales.

También se espera que respeten los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado, y que reconozcan y protejan el rol de las personas defensoras de derechos humanos, garantizando su participación y una política de tolerancia cero frente a represalias.

Por último, deben rediseñar sus proyectos para incluir de forma efectiva a comunidades, trabajadores y sindicatos, promoviendo modelos justos que distribuyan beneficios y respondan a las necesidades locales.