¿Qué balance hace de los primeros cuatro años de implementación del proyecto CERALC?

El balance es muy positivo, y esto no solamente lo digo yo. También lo dicen evaluadores externos que hemos contratado.

Por reglamentación de la OIT necesitamos hacer evaluaciones de medio término del proyecto y de final del proyecto. Y estos evaluadores independientes han encontrado que el proyecto ha sido muy relevante. Es más, han dicho que el proyecto es más relevante ahora que cuando empezó hace cuatro años. Porque el tema de la conducta empresarial responsable ha venido en ascenso y en crecimiento como tema de discusión, no solamente a nivel de las empresas sino también a nivel de los gobiernos.

En lo personal creo que parte de la incidencia del tema en la región se debe a que nosotros desde el proyecto venimos poniendo este tema en agenda pública. Por ejemplo, discutiendo en diferentes foros y a muchos niveles de la sociedad sobre la importancia de la conducta empresarial responsable para el desarrollo sostenible.

Así que pensamos que todos estos ejercicios que se han hecho de diálogo social, de hablar de trabajo decente desde el punto de vista de la empresa, todo el trabajo que se ha hecho apoyando no solamente el desarrollo de los Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos sino su implementación, está rindiendo frutos.

Países como Perú, Brasil, Chile, y Colombia tienen sus Planes y los están implementando. Con el apoyo del proyecto venimos trabajando también en otros países como Ecuador, Argentina, y México, que vienen desarrollando sus Planes, y lo están haciendo de una manera mucho más coherente con la visión que tienen la OIT y las otras organizaciones con las que trabajamos de cómo esto debería suceder.

Si nos vamos un poco hacia atrás en el tiempo, el primer Plan en la región (que fue el de Colombia en el 2015) no se hizo con líneas de base, sumado a que la participación de entidades de la sociedad civil, la participación de sindicatos, y de los mismos empresarios fue más bien limitada.

En cambio los últimos procesos que hemos hecho, como el de Perú que ha sido muy relevante, o los que se están haciendo ahora en Ecuador y en Argentina, están trabajando sobre líneas de base que permiten saber de dónde partimos en cada país y cuentan con una gran intensidad en el tema de diálogo multiactor.

Es importante recordad que desde la OIT es nuestra tarea asegurar que nuestros mandantes, los sindicatos y las agremiaciones de empleadores estén presentes. Además, desde ACNUDH ellos se preocupan por todo lo que tiene que ver con sociedad civil, pueblos indígenas, poblaciones vulnerables. Y esto realmente ha hecho una diferencia en cómo se han llevado esos diálogos y cuáles han sido los resultados que hemos obtenido con los Planes Nacionales de Acción.

Además se ha hecho una gran incidencia en el tema de capacitación, de sensibilización de la sociedad sobre el tema de la conducta empresarial responsable, la cual ha pasado en los últimos cuatro años por muchísimas instancias, no solamente de diálogo sino de formación, en la que hemos hablado y hemos capacitado sindicatos, asociaciones de empleadores, y empresas directamente. Además, en muchos niveles de los mecanismos de los Estados hemos puesto en la mesa el tema de la debida diligencia y de la conducta empresarial responsable. Primero para sensibilizar y luego para prepararlos más directamente para estos diálogos que han tenido lugar alrededor de las mesas multiactor y del Plan Nacional de Acción en los diferentes países.

Finalmente me gustaría señalar algo que para nosotros ha sido muy importante, y es la sensibilización y el involucramiento de las pymes. Porque para las grandes empresas el tema de conducta empresarial responsable no está resuelto pero sí es un tema que se discute, hay un nivel de conocimiento, las grandes empresas tienen equipos de profesionales que manejan el tema.

Pero nuestro gran reto es evidentemente con las medianas y las pequeñas, que son más del 92 por ciento de las empresas de América Latina y el Caribe. Entonces ahí es donde está el grueso de nuestro reto, el involucrarlas a ellas, el hacerlas partícipes. Y el primer paso tiene que ser al menos sensibilizar.

Creo que eso es algo que se ha logrado con el proyecto y que no había tenido otra organización en el pasado que lo abordara de manera tan llena como lo ha hecho el proyecto en los últimos cuatro años.

Durante el 2023 el proyecto pasará por un período de transición con el fin de preparar el terreno para una segunda fase ¿En qué consiste?

Ha sido iniciativa de la Unión Europea el darnos la oportunidad de mantener las actividades por el año 2023 con la intención de que no se afecten los procesos que están corriendo, sobre todo en lo relativo a los Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos, y a procesos de capacitación y de productos de conocimiento en debida diligencia.

La Unión Europea lo que está discutiendo ahora es que va a haber una segunda fase, y ya estamos en plena negociación. Esa segunda fase empezaría en el año 2024, no sabemos exactamente por cuántos años todavía, pero sí ellos han decidido que no haya una brecha entre lo que se venía haciendo el año pasado y lo que podríamos empezar a hacer en el año 2024. Nos han extendido este periodo de transición para que mantengamos actividades, y nos han dado un par de tareas interesantes, como son el hecho de trabajar más a nivel de sectores.

La Unión Europea tiene un interés especial en los sectores extractivo, extractivo minería, y en el sector de agricultura. Este año nos hemos abocado a que muchas de las discusiones que vamos a tener, sobre todo para el tema debida diligencia, estén enfocados en los diferentes países en esos sectores.

Otra discusión que también está sobre la mesa es la de involucrar a países adicionales para la siguiente fase. Actualmente trabajamos en nueve países (México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile). Pero han habido peticiones explícitas, no solamente de las misiones de la Unión Europea sino de los gobiernos mismos, para incorporar otros países, y esto está siendo evaluado por la Unión Europea y discutido con los socios para ver si es posible. Así que hay una posibilidad de que haya una ampliación del alcance con el que trabajamos en la región, estamos muy expectantes sobre esto, y nos da mucha esperanza el pensar que la Unión Europea ve este tema como tan crucial que no quieren abandonarlo.

Sabemos que tiene mucho que ver con las discusiones que están teniendo actualmente sobre la debida diligencia obligatoria, sobre la nueva normativa que se está discutiendo a nivel del Parlamento Europeo. Así que lo vemos con muy buenos ojos porque esto nos da la oportunidad, no solamente a la OIT sino a ACNUDH y a la OCDE, de continuar con nuestro trabajo de seguir promoviendo nuestra agenda, que en el caso de la OIT es la agenda del trabajo decente.

¿Cuál es su opinión con respecto a los avances regulatorios en debida diligencia en la Unión Europea y cómo cree que impactan en la región?

Lo primero que tengo que decir es que la OIT no tiene una opinión concertada tripartitamente sobre el tema de la debida diligencia obligatoria.

Lo segundo es señalar que es evidente que es una tendencia en el mundo. Yo mencioné la ley de debida diligencia que está siendo discutida en el seno de la Unión Europea, pero ya hay varias también en Europa que han sido aceptadas, como la ley de vigilancia de Francia que está vigente desde el 2017, y otras más específicas sobre trabajo infantil como la de Holanda o la de Noruega, u otras específicas sobre trabajo forzoso.

Con esto lo que quiero decir es que es evidente que es una tendencia, sobre todo en los países europeos, pero que es una tendencia que ya está trascendiendo y que está empezando a hacerse notoria también en América Latina. Pongo de ejemplo el Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos en Perú, que tiene como una de sus acciones el considerar el que haya una ley de debida diligencia en el futuro para el país. Y hay otros países que también están en conversaciones.

Yo pienso que es algo para lo cual las empresas se tienen que preparar, porque no creo que sea una tendencia que se vaya a revertir. Las empresas en América Latina en algún tiempo, que no va a ser muy largo, van a verse afectadas por las leyes europeas. Algunas empresas ya se ven involucradas en procesos de debida diligencia que vienen desde sus casas matrices o desde sus clientes compradores en Europa. Por eso creo que hay que ser muy prácticos, hablo a nivel de las empresas, y prepararnos, saber que que esto se viene. Porque al margen de que se estén dictando nuevas reglas es una expectativa de los consumidores, sobre todo de los consumidores europeos.

Entonces las empresas, sobre todo aquellas que tienen de alguna manera conexión o son parte de una cadena de valor que está ligado a un comprador europeo, muy probablemente van a tener que encarar este tipo de retos. Y lo mejor para esto es estar preparados

¿Como nos preparamos? Primero entendiendo qué es lo que se espera sobre la debida diligencia en temas de Derechos Humanos, qué cubre, y sobre todo identificando cuáles son los actores en nuestra cadena de abastecimiento. Siendo conscientes de que como entidad la empresa existe, pero que existe rodeada de un montón de proveedores y de otros actores sobre los cuales también hay que tomar responsabilidad. No es fácil, es un reto grande. Pero las empresas van a tener que asumirlo. Y ojalá el efecto que esto vaya a tener sea el ampliar el espectro del trabajo decente en las cadenas de abastecimiento.

¿Cómo ve el estado de los marcos regulatorios y legislativos sobre Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe?

Aquí es importante entender el contexto. Porque en América Latina tenemos una situación muy grave referente a la informalidad. Sabemos que en países como Perú más del 84% de la producción se da en empresas informales. En otros países quizás sea un poco menos, pero lo que es seguro es que en ningún país es menos del 50%.

Esto quiere decir que no importa qué regulación impongamos, que no importa cuánto código o el contenido de los códigos laborales, porque al final eso no está siendo aplicado. Y este es el reto principal que tenemos en esta región. Porque si empezamos por aplicar los códigos laborales que ya existen eso ya haría una gran diferencia en la protección al trabajo, en la seguridad y salud, en los beneficios, en los pisos de protección social. Pero esto no está sucediendo.

Por eso creo que en América Latina son valiosas las discusiones sobre una debida diligencia obligatoria, que se están dando como mencioné antes. Pero antes que eso deberíamos dar un paso atrás y pensar en cómo incentivar el cumplimiento de leyes que ya existen, como los códigos laborales, como las leyes que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo, con pisos de protección social. Porque ese sería un buen camino y es algo que no está sucediendo.

Otro ejemplo es el tema del salario mínimo. En casi todos nuestros países tenemos salarios mínimos legales. El punto es que esos salarios mínimo legales afectan a un porcentaje de trabajadores muy  pequeño, porque una gran cantidad de personas que trabajan a ese nivel simplemente no están cubiertos por el salario mínimo, son informales, pueden trabajar en empresas informales o en empresas formales que no han formalizado el empleo. Ese es un gran reto que hay que tener en cuenta.

Y si los gobiernos discuten la posibilidad de leyes de debida diligencia, o si la sociedad civil como sucede en el Perú discuten y proponen este tipo de leyes, eso es algo que está bien. Porque es una  conversación que hay que tener. Pero hay que hacerlo teniendo en cuenta de dónde partimos, sabiendo que existe un gran porcentaje de informalidad que hay que enmendar en primer lugar.

¿Qué otros temas van a estar en agenda este año en el proyecto CERALC?

Destaco dos. Uno es el tema de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Es un tema que emergió a raíz de la pandemia, pero no porque fuera nuevo sino porque se hizo muy evidente para todos, como que hubo un clamor por parte de trabajadores y empleadores para hablar sobre ello.

Nosotros tenemos una herramienta que estamos promocionando y queremos hablar con las empresas y con los gobiernos sobre qué se puede hacer desde la empresa para promover la redistribución de las tareas de cuidado no remunerado. Y también qué se puede hacer desde la empresa para crear ambientes que sean más conducidos a horarios flexibles, a consideración para los y las personas que tienen responsabilidades familiares.

El segundo tema, que tampoco es fácil pero que hemos decidido crear una herramienta sobre él, es el relacionamiento de las empresas con pueblos indígenas. Esto está basado en el convenio 169, pero la herramienta que hemos creado es un curso de formación muy sencillo, de un par de horas que se hacen en línea, y que ayuda a las empresas a entender cuál es el marco de relacionamiento con comunidades indígenas cuando tienen proyectos, donde en su área de influencia tienen este tipo de poblaciones vulnerables. La ventaja que tiene es que lleva a entender cuáles son los pasos a seguir, qué cosas hay que tener en cuenta, cuáles son los elementos que son importantes recabar como información antes de adentrarse en un diálogo con las poblaciones vulnerables.

Como dije, esos dos temas van a estar muy presentes este año y esperamos seguir hablando sobre ellos.